Washington.- El presidente de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para endurecer la supervisión del sistema financiero estadounidense sobre personas migrantes sin autorización laboral, al instruir a bancos, reguladores y agencias federales a reforzar controles contra presuntos fraudes, lavado de dinero, evasión fiscal y riesgos crediticios asociados con la población considerada “inadmisible o removible” bajo las leyes migratorias.
El eje central de la medida no sólo radica en el combate al crimen financiero, sino en la incorporación del estatus migratorio como un factor de riesgo bancario y crediticio, lo que podría traducirse en mayores restricciones para abrir cuentas, acceder a créditos hipotecarios, préstamos automotrices o tarjetas bancarias para millones de migrantes que utilizan números ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) o carecen de autorización formal de trabajo.
En el documento emitido desde la Casa Blanca, la administración Trump sostiene que “no tolerará riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras transfronterizas ilícitas”, ni permitirá “riesgos para el sistema financiero derivados de la extensión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y removible”.
La orden argumenta que transferencias internacionales de bajo monto han sido utilizadas para financiar terrorismo, narcotráfico, trata de personas y operaciones de lavado de dinero.
También menciona investigaciones sobre redes financieras relacionadas con cárteles mexicanos y esquemas de lavado operados por organizaciones chinas.
Uno de los puntos más sensibles del decreto ordena al Departamento del Tesoro emitir, en un plazo de 60 días, una alerta formal para instituciones financieras sobre “riesgos asociados con la explotación del sistema financiero estadounidense por poblaciones no autorizadas para trabajar y sus empleadores”.
El documento obliga a bancos y entidades financieras a vigilar patrones específicos considerados sospechosos, entre ellos:
- Evasión de impuestos sobre nómina por parte de empleadores.
- Uso de documentos extranjeros de identidad.
- Apertura de cuentas mediante prestanombres o empresas fachada.
- Pagos “por fuera” mediante plataformas digitales o transferencias fragmentadas.
- Depósitos y retiros recurrentes por debajo de umbrales regulatorios.
- Operaciones vinculadas con trata laboral o trabajo forzado.
- Uso de números ITIN para abrir cuentas o solicitar créditos sin comprobar estatus migratorio legal.
Aunque el texto reconoce que el ITIN facilita el cumplimiento fiscal, advierte que su utilización “en lugar de un número de Seguro Social o visa válida de trabajo” podrá ser considerada un factor de riesgo que amerite “debida diligencia reforzada”.
Otro de los elementos más relevantes del decreto es que incorpora explícitamente la posibilidad de deportación como criterio financiero para evaluar la capacidad de pago de una persona.
La orden instruye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor a analizar modificaciones regulatorias para aclarar que “la deportación potencial y la pérdida de ingresos” pueden afectar la capacidad de pago de un prestatario sin autorización laboral.
En los hechos, esto abre la puerta para que bancos y financieras consideren el riesgo migratorio al aprobar hipotecas, créditos automotrices o financiamientos personales.
La administración Trump sostiene que otorgar créditos a personas sin autorización de trabajo genera una “deficiencia estructural de capacidad de pago” que puede afectar la solidez del sistema bancario nacional.
Además, acusa que algunos empleadores utilizan números de Seguro Social inválidos, reportes salariales incompletos o esquemas irregulares de retención de impuestos, lo que —afirma— distorsiona los procesos de evaluación crediticia y fomenta economías subterráneas.
La orden ejecutiva también establece que, en un plazo de 90 días, el Departamento del Tesoro y los reguladores financieros federales deberán proponer cambios a las normas derivadas de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act).
Entre las modificaciones previstas destacan:
- Reforzar programas de identificación de clientes.
- Verificar propietarios reales y beneficiarios de cuentas.
- Solicitar información adicional sobre estatus migratorio y autorización laboral cuando existan indicadores de riesgo.
- Revisar el uso de matrículas consulares extranjeras en el sistema financiero estadounidense.
El documento señala que las instituciones financieras deberán mantener facultades para obtener información relacionada con la situación migratoria cuando sea relevante para detectar fraude, evasión de sanciones o actividades financieras ilícitas.
La orden podría impactar directamente a millones de migrantes en Estados Unidos que utilizan servicios bancarios mediante ITIN, cuentas de ahorro, remesas o créditos sin contar con residencia legal o permiso laboral formal.
La administración Trump sostuvo que con la medida busca “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense”, fortalecer la seguridad nacional y prevenir fraudes vinculados con redes criminales internacionales.
Egresada de la Universidad de Columbia, cuenta con amplia experiencias en medios de comunicación electrónicos e impresos | En CMXNoticias desde 2018