La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la transformación del Poder Judicial es indispensable para cerrar el paso a distintas formas de injusticia, corrupción y delincuencia, tanto organizada como de cuello blanco, y para garantizar el fin de la impunidad en el país.
“El cambio de este poder, donde había excesos, era y sigue siendo indispensable para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad.
“Hoy confiamos en que el Poder Judicial emanado del pueblo trabajará con integridad y vocación de servicio, porque defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente, que exige un Poder Judicial más justo y transparente”, sostuvo durante un acto en el Senado.
En ese contexto, la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, entregaron a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, una iniciativa de reforma constitucional para aplazar al 4 de junio de 2028 la elección del Poder Judicial, originalmente prevista para 2027, y empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.
La propuesta plantea además convocar a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 27 de mayo, con el fin de que las cámaras de Diputados y Senadores discutan y, en su caso, aprueben la iniciativa, antes de que el proceso legislativo concluya en el Constituyente Permanente el 3 de junio.
El objetivo es alcanzar el aval de al menos 17 congresos estatales para posteriormente publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y permitir su entrada en vigor inmediata.
De acuerdo con el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, la modificación reconoce las complicaciones operativas, logísticas y de comprensión ciudadana que dejó la inédita elección judicial de 2025, en la que por primera vez ministros, magistrados y jueces fueron electos por voto popular.
Durante el acto de entrega, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el nuevo calendario busca atender los desafíos organizativos señalados por autoridades electorales y fortalecer la planeación del proceso.
El ajuste propone que la elección judicial se realice el 4 de junio de 2028, con el argumento de evitar su coincidencia con el proceso electoral de 2027 y homologar calendarios en las entidades federativas.
La iniciativa también contempla una reingeniería del modelo de elección judicial, derivada de la experiencia de 2025, cuando se detectaron problemas en el diseño de boletas, exceso de candidaturas y dificultades para la identificación de perfiles por parte de la ciudadanía.
Entre los cambios centrales se plantea reducir el número de aspirantes por cargo, pasar de tres propuestas por poder a solo dos candidaturas finales, y establecer mecanismos de insaculación pública tras la evaluación de perfiles.
Asimismo, se propone la creación de una comisión coordinadora nacional entre los comités de evaluación de los tres poderes, con el fin de homologar criterios de selección y verificación de requisitos como trayectoria, promedio académico, experiencia profesional y “buena fama pública”.
La iniciativa también redefine la organización territorial del proceso mediante distritos judiciales electorales, además de permitir la concurrencia de la elección judicial con procesos ordinarios, incluido el mecanismo de revocación de mandato.
Otro de los ajustes contempla cambios internos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la creación de secciones especializadas para agilizar la resolución de asuntos y reducir rezagos.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados como cámara de origen, y que este jueves se notificará al pleno la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.
Con ello, iniciará formalmente la discusión legislativa de la reforma judicial, que será debatida en los próximos días en el Congreso de la Unión.
Además del cambio de fecha, la iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema de elección judicial.
Tras una evaluación ordenada por la Presidencia, se concluyó que la elección intermedia prevista para 2027 implicaba una complejidad inédita por el volumen de cargos y el número de aspirantes que participarían en la contienda.
En la elección de 2028 solo se renovarían:
- Cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
- 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito.
- 385 jueces de distrito.
- 424 magistraturas locales.
- 2 mil 831 jueces locales en 25 estados.
No obstante, el objetivo central de la reforma no es únicamente aplazar la elección, sino modificar el modelo para evitar una jornada “inmanejable”.
Uno de los principales cambios consiste en reducir el número de candidaturas por cargo para disminuir la saturación de las boletas.
Mientras el esquema original contemplaba hasta tres propuestas por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ahora se plantea dejar únicamente dos candidaturas finales por cargo y especialidad.
De acuerdo con la propuesta, los comités de evaluación revisarán conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y “buena fama pública”.
Posteriormente seleccionarán cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, quedarán definidos los dos candidatos finales.
La nueva boleta también distinguirá claramente qué candidaturas corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o a jueces en funciones que busquen la reelección.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) dividiría el territorio en distritos judiciales específicos para que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado de determinada materia o especialidad.
Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes, con el propósito de homologar criterios y evitar diferencias en los filtros aplicados a los aspirantes.
Dicha instancia podrá revisar requisitos como:
- Licenciatura en Derecho.
- Promedio académico.
- Experiencia profesional.
- Exámenes de conocimientos.
Aunque cada poder mantendría su propio comité de evaluación, las revisiones deberán sujetarse a metodologías comunes.
La reforma también obligaría a las entidades federativas a replicar las reglas federales, luego de que el gobierno detectó inconsistencias en algunos procesos locales donde, según expuso, no estaba garantizada la insaculación pública.
Entre otros ajustes derivados de la experiencia reciente, la iniciativa contempla:
- Permitir que elecciones judiciales y ordinarias compartan ubicación de casillas.
- Garantizar que representantes partidistas no intervengan en la elección judicial.
- Realizar el escrutinio y cómputo directamente en casilla.
- Adelantar de septiembre a abril la convocatoria del Senado para ampliar el tiempo de revisión de perfiles.
Asimismo, se establece capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados mediante el Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial.
