La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal de Miami, Florida, condenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares a favor del Estado mexicano, como reparación del daño derivado del esquema de corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El punto central de la resolución es que México consiguió en una corte estadounidense una nueva condena multimillonaria para recuperar recursos públicos presuntamente desviados mediante contratos ilegales y operaciones financieras vinculadas con la red de García Luna.
De acuerdo con Hacienda, el procedimiento civil promovido por el gobierno mexicano permitió acreditar la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos, así como en la transferencia y ocultamiento de recursos a través de distintas operaciones financieras internacionales.
La sentencia emitida por el tribunal de Florida establece que los integrantes de la familia Weinberg -que estaba detrás de operaciones inmobiliarias de García Luna Además, es dueña de empresas de seguridad privada como ICIT Holding y Nunvav Inc., las dos relacionadas con el ex secretario- y las empresas involucradas deberán cubrir 578.5 millones de dólares como compensación al Estado mexicano por el daño patrimonial causado.
La UIF detalló que para sustentar el caso se integró un amplio expediente con documentación financiera, declaraciones testimoniales y pruebas obtenidas mediante cooperación jurídica internacional, lo que permitió demostrar la operación de la red financiera ligada al exfuncionario mexicano.
Esta nueva resolución se suma a las sentencias emitidas previamente en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares.
Con ello, el monto total de condenas obtenidas por el Estado mexicano dentro de este esquema de corrupción asciende ya a más de 3 mil 67 millones de dólares, en lo que la UIF considera uno de los procesos de recuperación patrimonial más relevantes impulsados por México en el extranjero.
La dependencia federal explicó además que la sentencia forma parte de un acuerdo judicial mediante el cual los condenados deberán entregar activos localizados en diversas jurisdicciones para proceder a su liquidación y aplicarlos al pago parcial de las cantidades fijadas por la corte estadounidense.
Hacienda señaló que la UIF dará seguimiento a la ejecución del acuerdo en coordinación con autoridades competentes, mientras que el gobierno federal reafirmó su compromiso de combatir el lavado de dinero, recuperar recursos públicos desviados y fortalecer la cooperación internacional contra actos de corrupción.
