El caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abrió un nuevo frente de confrontación política en el Congreso de la Unión, luego de que legisladores del PAN acusaron al gobierno federal de utilizar la detención del panista como una “cortina de humo” y un acto de persecución política, mientras Morena defendió la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que se trata de un expediente de más de un año por presunto huachicol fiscal con un daño estimado al erario de 4 mil 600 millones de pesos.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que Ruffo Appel es un “preso político” y cuestionó que una sola persona pueda ser responsabilizada por una red de contrabando de combustibles, al argumentar que una operación de huachicol fiscal requiere la participación de distintas autoridades.
“Es un preso político para intentar ocultar la realidad de nuestro país. Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice. Es un preso político porque para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales. Por supuesto que Ernesto Rufo es un preso político para intentar ocultar la verdad, para intentar distraer la atención nacional, y evidentemente pues es una cortina de humo”, afirmó.
La legisladora panista consideró que el proceso contra el exgobernador busca desviar la atención de otros temas nacionales y aseguró que la oposición exige que las investigaciones se realicen bajo un mismo criterio para todos los funcionarios señalados.
En defensa de Ruffo Appel, el senador del PAN por Baja California, José Máximo García López, calificó como “lamentable” el trato que ha recibido el exmandatario estatal y afirmó que existe una aplicación desigual de la justicia.
“Solamente se ha utilizado en la persona de Ernesto Rufo, pues básicamente se ha enseñado como un trofeo al país, donde todo el poder del Estado se le ha aplicado, donde se ha solicitado que se haga un juicio de manera pública y lamentablemente vemos la negativa que hay, porque realmente estamos ciertos de que si hay que investigar y se presenten las pruebas, pues que sea con los mecanismos que establece la ley. Pero consideramos muy lamentable el trato que se le ha dado y sobre todo que sea prácticamente el primer preso político de este sexenio”, declaró.
El senador destacó la trayectoria política de Ruffo, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador emanado del PAN al ganar una elección estatal, hecho considerado un símbolo de la transición democrática en México.
Aseguró que el proceso debe apegarse a derecho y que, si existen pruebas contra el exgobernador, deberán presentarse ante las autoridades correspondientes, pero reclamó que también se investigue a otros posibles involucrados en redes de contrabando de combustibles.
En contraste, Morena rechazó que exista persecución política y defendió la actuación de la FGR.
El vocero de la bancada en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, afirmó que la investigación contra Ruffo no es un montaje, sino una indagatoria en la que participaron instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia Fiscalía General de la República.
“Los que han salido a defender los panistas a este personaje, por ahí dicen que es una cortina de humo, perdón, cortina de humo una investigación de más de un año, cortina de humo una investigación en donde participó el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF, en donde incluso es un tema de interés y de investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
“¿De qué hablan?, bueno pues es que está en la esencia, en la naturaleza de los panistas defender, como lo han hecho siempre, no solamente a los narcotraficantes, está en la naturaleza del PAN, defender también a los evasores de impuestos en la modalidad del contrabando y la evasión fiscal de combustible”, señaló.
El legislador morenista afirmó que el presunto esquema de huachicol fiscal habría generado un daño de 4 mil 600 millones de pesos al erario, recursos que, dijo, podrían haberse destinado a programas sociales.
Ávila acusó al PAN de intentar cambiar la narrativa y defendió que el combate al contrabando de combustibles debe alcanzar a cualquier persona involucrada, sin importar su trayectoria política.
Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Simón, insistió en que el caso representa una persecución política contra un opositor y cuestionó que no se actúe con la misma rapidez en otros expedientes relacionados con funcionarios públicos.
“Considero que sí es un preso político, porque precisamente ante la situación que hoy está pasando en Baja California, y estos señalamientos de manera grave que se están teniendo con una gobernadora como es Marina del Pilar, como el gobernador Rocha Moya, pues es evidente que lo que quieren hacer ellos es un distractor, ver que en la oposición existen vínculos evidentemente en estos delitos, estos delitos de huachicol fiscal, la realidad es que están tejiendo esta cortina de humo”, aseguró.
El conflicto político ocurre mientras el caso Baja California mantiene abiertas otras disputas, principalmente por los señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de audios que la oposición ha utilizado para cuestionar su actuación.
El gobierno estatal ha rechazado esas acusaciones.
