La reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de que dirigentes de oposición aseguraran que su implementación ha fracasado y que el gobierno federal estaría intentando posponer la elección de jueces, magistrados y ministros hasta 2028 para corregir las fallas del proceso.
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), legisladores criticaron duramente el diseño y la ejecución de la reforma, al señalar que advertencias previas sobre sus riesgos se han confirmado.
“Se los dijimos: la Reforma Judicial fue un error gravísimo. Advertimos que destruiría la impartición de justicia y que sería prácticamente imposible de implementar en los términos en los que fue planteada”, señalaron voces del tricolor, al asegurar que el gobierno “no tiene otra opción más que postergar la elección hasta 2028”, lo que calificaron como un intento por ocultar “el fiasco” en el que, dicen, se convirtió la iniciativa.
El PRI sostuvo que la salida no debe ser el aplazamiento del proceso, sino su cancelación definitiva.
Argumentó que debe respetarse la carrera judicial y evitarse, dijo, poner en riesgo la impartición de justicia en el país.
“México no merece juzgadores improvisados, parciales y subordinados al régimen, cuyo único objetivo sea proteger al poder y encubrir los vínculos criminales de Morena”, advirtieron.
En la misma línea crítica, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la reforma judicial no solo ha fallado, sino que desde su origen implicó la captura del sistema de justicia.
“Durante meses Morena defendió la mal llamada reforma judicial y descalificó, sin escuchar ni debatir, a quienes advertíamos sus profundos errores. Hoy, desde Palacio Nacional, plantean mover la elección judicial al 2028, cambiar boletas y rehacer criterios de elegibilidad para intentar corregir su propio desastre”, señaló.
Castañeda sostuvo que las advertencias de su bancada se han cumplido y anticipó que el oficialismo tendría que convocar a un periodo extraordinario para ajustar la legislación secundaria y los tiempos del proceso.
“Lo dijimos desde el principio: no reformaron el sistema de justicia, lo capturaron”, subrayó.
