El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó este viernes la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, señalado por su presunta relación con una estructura criminal que operaba en la región del Istmo de Tehuantepec.
La solicitud para desaparecer los poderes municipales fue presentada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y avalada por 35 votos a favor y ninguno en contra, durante una sesión legislativa que tuvo una duración menor a 20 minutos, de acuerdo con información difundida por El Universal.
La determinación ocurre dos días después de la detención de Sánchez Altamirano y de un hombre identificado como “La Parca”, ambos con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ambos detenidos estarían relacionados con una estructura criminal dedicada presuntamente a actividades como extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
De acuerdo con el funcionario federal, las investigaciones también identificaron posibles esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región. García Harfuch no precisó qué organización estaría involucrada ni el papel específico que habría desempeñado cada uno de los detenidos.
Sánchez Altamirano, integrante de Morena, se encontraba al frente del Ayuntamiento de Juchitán para el periodo 2025-2027. Previamente había ocupado la presidencia municipal como sustituto de Emilio Montero Pérez y posteriormente ganó la elección de 2024.
La detención se produjo en el marco del Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, estrategia implementada desde abril para atender delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y narcomenudeo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca había señalado que estos delitos se encontraban entre los de mayor incidencia en el municipio y advertido sobre la presunta participación de menores de edad en actividades criminales como vigilancia, extorsión y sicariato.
Como parte de los operativos, autoridades estatales reportaron en julio 219 personas detenidas, 35 armas de fuego aseguradas y más de 3 mil 600 dosis de drogas decomisadas.
El propio Sánchez Altamirano había participado anteriormente en actividades relacionadas con la estrategia de seguridad implementada por autoridades estatales y federales en el municipio.
García Harfuch informó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó acciones para inmovilizar recursos y bloquear cuentas de personas presuntamente relacionadas con la investigación, aunque no se dieron a conocer montos ni el número de cuentas afectadas.
Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán con el objetivo de desarticular la estructura criminal y determinar la posible responsabilidad de otros involucrados.
