* El juzgador federal es acusado en Estados Unidos de recibir cerca de dos millones de dólares para ordenar la liberación de un presunto operador de una red internacional de tráfico de cocaína.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara a su lista de personas bloqueadas, luego de que fuera detenido en Colombia a solicitud de autoridades estadounidenses, que lo investigan por presuntamente recibir sobornos a cambio de favorecer a integrantes de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.
De acuerdo con información obtenida por el periodista Arturo Ángel y publicada por el diario Milenio, la UIF emitió el acuerdo 4141/2026 para formalizar la inclusión del juzgador en dicha lista.
La medida administrativa preventiva obliga a las instituciones del sistema financiero mexicano a inmovilizar las cuentas bancarias y los instrumentos financieros a nombre de Benítez Alcántara, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El juez cuenta con ocho años de trayectoria en el sistema penal acusatorio federal. Durante ese periodo se desempeñó como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde encabezó audiencias de asuntos de alto impacto, entre ellos los casos Pegasus, la Estafa Maestra y el proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
El pasado 5 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre su detención en territorio colombiano, ejecutada en cumplimiento de una ficha roja internacional derivada de una orden de arresto emitida por un tribunal estadounidense.
Según las acusaciones de los fiscales norteamericanos, Benítez Alcántara habría recibido cerca de dos millones de dólares a cambio de ordenar, durante 2025, la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como segundo al mando de la estructura criminal encabezada por el exatleta olímpico Ryan James Wedding, identificado por las autoridades como presunto líder de una organización transnacional de tráfico de drogas.
En paralelo al proceso internacional y al bloqueo de sus cuentas, el Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que Benítez Alcántara se mantenía como juzgador en activo al momento de su detención.
El órgano judicial también informó que el funcionario acumulaba cuatro investigaciones abiertas ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA), derivadas de quejas administrativas previas.
A estos expedientes se sumó una quinta investigación, iniciada después de conocerse la indagatoria estadounidense por los presuntos sobornos relacionados con la liberación de Andrew Clark.
