La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que el registro obligatorio de líneas telefónicas represente un mecanismo de vigilancia del Estado.
Ante las críticas y versiones sobre un supuesto control gubernamental de los usuarios de telefonía móvil, sostuvo que la información permanecerá en poder de las empresas y sólo podrá ser consultada por las autoridades en los casos previstos por la ley.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el registro obligatorio de líneas telefónicas tenga como propósito que el gobierno controle o vigile a la población y aseguró que esa versión forma parte de una campaña de desinformación, al sostener que los datos personales de los usuarios permanecerán bajo resguardo de las compañías telefónicas y no de las autoridades federales.
Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que existe una interpretación equivocada —o incluso malintencionada— sobre el nuevo esquema de vinculación de números telefónicos con la identidad de sus titulares.
“Ha habido mucha desinformación o mala intención al decir que el gobierno quiere tener el control de todas las personas. Eso es falso”, declaró.
Explicó que el objetivo del registro es fortalecer las investigaciones de delitos que se cometen mediante teléfonos celulares, particularmente la extorsión, el fraude y otros ilícitos en los que se utilizan tarjetas SIM adquiridas sin identificación.
Recordó que durante años fue posible comprar chips telefónicos sin proporcionar ningún dato personal, situación que, afirmó, facilitó que grupos delictivos utilizaran líneas anónimas para cometer delitos sin dejar elementos para su identificación.
La presidenta insistió en que el gobierno federal no concentrará una base de datos de los usuarios, ya que el nombre y la CURP asociados a cada línea permanecerán exclusivamente en poder de las empresas concesionarias de telefonía.
Subrayó que las autoridades únicamente podrán solicitar información en los casos previstos por la ley, ya sea mediante una orden emitida por un juez o cuando se trate de la localización urgente de personas desaparecidas.
Precisó que las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras áreas de inteligencia podrán requerir datos a las compañías telefónicas únicamente dentro de investigaciones legales.
Previamente, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, informó que 68 millones de líneas telefónicas ya fueron vinculadas con la identidad de sus usuarios y reiteró que ese procedimiento es realizado exclusivamente por las empresas de telefonía.
Indicó que todas las líneas de pospago ya se encuentran registradas, mientras que el esfuerzo se concentra en las de prepago, de las cuales alrededor de 40 millones ya fueron vinculadas y otro número similar aún deberá completar el trámite.
Para evitar saturaciones en los sistemas de las compañías, anunció que el registro continuará de forma escalonada según el último dígito del número telefónico, iniciando el 15 de agosto con las líneas terminadas en 0 y extendiéndose hasta diciembre.
El gobierno sostuvo que la medida busca cerrar espacios al anonimato utilizado por la delincuencia y reforzar las capacidades de investigación, al tiempo que insistió en que no constituye un mecanismo de vigilancia masiva ni de control sobre la ciudadanía, sino una herramienta de seguridad con acceso restringido conforme a la ley.
