Con 83 votos a favor y 40 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó, con dispensa de trámites, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en materia de “integridad en candidaturas”, con el objetivo de establecer un mecanismo previo de verificación de perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular, tanto a nivel federal como local.
La reforma plantea la creación de una nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que será la instancia encargada de recibir de los partidos políticos —o de aspirantes independientes— los listados de personas que buscan postularse, antes de que se formalicen los registros ante la autoridad electoral.
El punto central del cambio legal es que dicho proceso se realizará en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, con el fin de elaborar análisis de riesgo sobre los perfiles de las personas aspirantes.
Entre las instituciones que participarían en este esquema se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales deberán definir metodologías y criterios para evaluar la información disponible y determinar posibles riesgos asociados a actividades delictivas.
De acuerdo con el dictamen, la entrega de información por parte de partidos políticos o aspirantes independientes será voluntaria, ya sea de forma total o parcial.
Sin embargo, con base en los insumos proporcionados por la Comisión, los partidos determinarán si procede o no el registro de las personas evaluadas.
La reforma también detalla las atribuciones y reglas de operación de la nueva Comisión, la cual deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.
En el apartado transitorio, el dictamen establece que la operación de esta nueva estructura no implicará recursos adicionales, ya que todas las erogaciones deberán cubrirse con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), sin posibilidad de ampliaciones presupuestales en ejercicios posteriores.
Aunque la mayoría legislativa defendió la reforma como un mecanismo para fortalecer la integridad de las candidaturas y reducir riesgos asociados a la infiltración del crimen o el lavado de dinero en procesos electorales, la oposición advirtió que el esquema abre la puerta a la discrecionalidad y a posibles usos políticos de los mecanismos de evaluación.
Uno de los principales puntos de crítica es que el modelo se basa en análisis de riesgo realizados por instancias de seguridad e inteligencia, sin establecer con claridad los límites del uso de información “indiciaria”, lo que podría generar, señalaron sus detractores, decisiones preventivas sin resoluciones judiciales firmes.
Asimismo, el carácter voluntario de la entrega de información y la intervención de partidos políticos en la determinación final sobre las candidaturas han sido señalados como elementos que podrían generar asimetrías en la aplicación del filtro.
La reforma a la LEGIPE se inserta en el debate más amplio sobre el papel de las instituciones de seguridad e inteligencia en los procesos democráticos y el grado de intervención que deben tener en la evaluación de perfiles políticos antes de su registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
