El regreso y posterior solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya colocaron al gobernador de Sinaloa en el centro de una nueva crisis política para Morena, al grado de que desde el propio movimiento se reconoció que su situación está generando dificultades para la percepción pública de la Cuarta Transformación.
La definición más directa provino del coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien admitió que Rocha Moya “está generando dificultades en torno a la percepción del movimiento” y advirtió que sus adversarios están utilizando el caso para intentar instalar la narrativa de que México es un “narcoestado” o un “narco-gobierno”.
El legislador sostuvo que esa percepción representa un problema para Morena porque la derecha mexicana, dijo, reproduce el discurso de sectores de la derecha estadounidense para cuestionar al movimiento y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La preocupación fue compartida, desde otra perspectiva, por el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien consideró que la controversia alrededor de Rocha Moya debe obligar al movimiento a recuperar el debate sobre la ética en el ejercicio del poder.
Huerta sostuvo que la Cuarta Transformación no llegó a los cargos para obtener privilegios, sino para impulsar una transformación profunda de la sociedad, por lo que la autocrítica debe formar parte de sus decisiones.
En su opinión, el caso Rocha Moya puede incluso servir para colocar nuevamente los principios éticos en el centro de la discusión política.
Más contundente fue Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien reconoció que el gobernador con licencia tiene ya un daño reputacional severo.
Señaló que Rocha Moya fue “juzgado y sentenciado” en los medios y que revertir esa situación será una tarea que le llevará el resto de su vida.
Sin embargo, Fernández Noroña rechazó que Morena se haya deslindado de Rocha Moya y sostuvo que la posición del movimiento no ha cambiado respecto a la defensa de la soberanía nacional y de la presunción de inocencia.
Al mismo tiempo, calificó de imprudente la decisión del gobernador de intentar regresar al cargo sin consultar previamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, interpretó la reacción de Morena y del gobierno federal como una definición institucional frente a una decisión personal de Rocha Moya.
Consideró que, ante una investigación abierta y mientras las autoridades realizan las indagatorias correspondientes, lo prudente es que el gobernador mantenga la licencia.
Desde la oposición, el diagnóstico fue todavía más severo. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que la licencia no resuelve el problema y acusó a Morena de seguir protegiendo a Rocha Moya.
Exigió que el gobernador enfrente las investigaciones y planteó incluso la desaparición de poderes en Sinaloa.
Anaya sostuvo que la controversia no debe limitarse a determinar si Rocha Moya regresa o no a la gubernatura, sino que debe haber consecuencias institucionales en el estado.
Aseguró que existen acusaciones y procedimientos que, desde su perspectiva, deben ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.
El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, también consideró que el caso evidencia un problema mayor para Morena.
Afirmó que Rocha Moya representa la cara del partido en Sinaloa y cuestionó que primero dirigentes y gobernadores morenistas respaldaran al mandatario y, después de su intento de regreso, marcaran distancia.
Moreira advirtió que la crisis puede dificultar la reconstrucción institucional de Sinaloa y sostuvo que Morena debería incluso abstenerse de participar durante un periodo en los procesos electorales del estado, al considerar que diversos actores políticos locales estuvieron vinculados políticamente con Rocha Moya.
