La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta una “grave crisis de derechos humanos” por la desaparición de personas, al contabilizar más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025 y más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado, según su informe “Desaparición de Personas en México”.
Desde Washington, D.C., la CIDH presentó un diagnóstico sobre los avances y desafíos de las políticas implementadas por el Estado mexicano desde 2018 para enfrentar el fenómeno, en el que reconoce el trabajo de familias y colectivos de búsqueda, pero alerta que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para acceder a verdad y justicia.
El organismo señaló que, aunque la mayoría de las desapariciones son atribuidas al crimen organizado, las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado “no han sido del todo erradicadas”.
El informe documenta casos en los que existiría colusión entre grupos criminales y autoridades encargadas de seguridad pública, procuración de justicia e incluso autoridades políticas.
La Comisión destacó que el fenómeno afecta de manera diferenciada a diversos sectores sociales, particularmente a niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado; mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género; periodistas y defensores de derechos humanos; así como personas migrantes expuestas a altos niveles de inseguridad durante su tránsito por el país.
La crisis de desapariciones en México golpea con fuerza a la niñez y la adolescencia. De acuerdo con el informe el país registra 18 mil 192 menores de entre 0 y 17 años desaparecidos: 9 mil 342 niñas y adolescentes mujeres y 8 mil 817 niños y adolescentes hombres, en un contexto marcado por el reclutamiento forzado del crimen organizado.
El organismo advirtió que grupos criminales están captando, secuestrando o enganchando a adolescentes de apenas 13 y 14 años para integrarlos a estructuras delictivas como combatientes, halcones, mensajeros o sicarios.
Testimonios recabados por la CIDH revelan que esta práctica ocurre en entidades como Jalisco, Estado de México, Sonora y Tamaulipas, donde las organizaciones criminales han ampliado su control territorial.
El informe sostiene que la niñez y la adolescencia se han convertido en uno de los sectores más vulnerables frente al crimen organizado debido a factores como pobreza, violencia familiar, abandono institucional y falta de oportunidades. La comisión alertó que los grupos delictivos aprovechan estas condiciones para atraer o forzar a menores de edad a incorporarse a sus filas.
La CIDH identificó focos críticos de desaparición y reclutamiento en municipios mexiquenses como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, además de regiones de Guanajuato, Jalisco y Sonora.
También encendió alertas sobre el denominado Corredor del Pacífico —integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa— donde las desapariciones presentan una alta incidencia vinculada a la operación del crimen organizado.
Uno de los puntos centrales del informe es la prevención.
La CIDH reconoció la nueva estrategia de seguridad pública impulsada en 2025 por el gobierno mexicano, basada en la política de “atención a las causas”, aunque advirtió que los desafíos estructurales persisten.
El organismo internacional enfatizó que la impunidad es “apremiante”, reflejada en la casi inexistente judicialización de casos y el bajo número de sentencias condenatorias.
Aunque reconoció avances recientes, como la judicialización de cerca de 20 casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, consideró que los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Entre las principales deficiencias detectadas, la CIDH identificó sobrecarga procesal, investigaciones deficientes, ausencia de hipótesis sólidas, mala tipificación de delitos y prácticas que trasladan a las familias la responsabilidad de investigar. También alertó sobre el miedo y los desincentivos para denunciar desapariciones.
En materia de búsqueda, la Comisión valoró el trabajo de colectivos y familiares, al tiempo que alertó sobre amenazas y riesgos que enfrentan las personas buscadoras. Reconoció además la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, aunque señaló que continúan los problemas de coordinación entre instituciones de búsqueda y fiscalías.
Sobre identificación forense, el informe considera que los esfuerzos del Estado han tenido “una efectividad muy limitada” y urgió a fortalecer los centros de identificación humana mediante un enfoque masivo y coordinado.
La CIDH también evaluó la atención a víctimas y familiares. Consideró positiva la creación de una dirección especializada de atención a colectivos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero expresó preocupación por las limitaciones operativas y administrativas de las comisiones locales y los largos tiempos de espera para acceder a apoyos económicos y asistencia inmediata.
En el apartado de memoria y verdad, el organismo destacó la creación de la comisión para esclarecer los crímenes de la llamada “Guerra Sucia”, aunque señaló como uno de los principales obstáculos la falta de acceso a información en poder de instituciones militares, lo que, advirtió, retrasa el acceso a la justicia y revictimiza a las familias.
El informe incluye 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, entre ellas fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, consolidar un sistema masivo de identificación humana, garantizar la interoperabilidad de registros y bancos de datos, proteger a las familias buscadoras y asegurar la colaboración de instituciones de seguridad e inteligencia en el esclarecimiento de casos.
La CIDH reiteró finalmente su disposición para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en la implementación de estas medidas.
