Tras una audiencia que se prolongó por más de un día, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal la imposición de medidas cautelares en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, identificado como Ernesto “N”, y de otras siete personas, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Además del exmandatario estatal, la medida alcanza a Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, quienes fueron imputados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la FGR.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba con el propósito de sustentar la imputación por los delitos señalados, en una investigación que las autoridades califican como de alta complejidad.
Tras diversos recesos y el análisis de los argumentos expuestos por ambas partes, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” enfrentarán el proceso bajo resguardo domiciliario debido a su estado de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Nezahualcóyotl Sur.
Concluida la fase de imputación, las defensas de los acusados solicitaron acogerse a la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez concedió la ampliación del plazo para resolver si serán o no vinculados a proceso.
De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivado de una investigación sobre una presunta red dedicada a realizar operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Las indagatorias apuntan a un supuesto esquema de contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”, mediante el cual se introducía combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.
Según la Fiscalía, en algunos casos se reportaban volúmenes inferiores a los realmente transportados o se declaraba el combustible como si se tratara de otros productos, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
La FGR sostuvo que este tipo de operaciones no sólo ocasiona un importante daño económico al Estado mexicano por la evasión de contribuciones, sino que también fortalece las finanzas de organizaciones criminales al generarles una fuente adicional de ingresos.
La institución subrayó que, conforme al principio de presunción de inocencia, todas las personas imputadas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
