* Ambos se incluyen en lista de 40 nuevas personas y empresas ‘congeladas’ tras evadir pago de sus impuestos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida se tomó a partir de los análisis financieros realizados por la UIF, como parte de sus atribuciones para prevenir, detectar y combatir posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además del bloqueo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esa institución realice las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades legales derivadas de las operaciones identificadas.
En un comunicado, Hacienda precisó que los movimientos financieros detectados contienen elementos de riesgo que ameritan una revisión por parte de las autoridades ministeriales, por lo que se dio vista a la FGR para que proceda conforme a sus facultades.
La dependencia aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y precautorio, por lo que no representa una determinación definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas ni significa que se haya acreditado la comisión de algún delito.
Asimismo, señaló que las 40 personas físicas y morales incorporadas a dicha lista cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable, en respeto a sus derechos y al debido proceso.
La investigación adquiere relevancia por la relación de las personas y empresas involucradas con proveedores electorales, un sector que participa en la prestación de servicios y suministros relacionados con las actividades de los procesos electorales.
Sin embargo, la SHCP no detalló los nombres de las personas o empresas bloqueadas, los montos de las operaciones financieras identificadas, el tipo de movimientos considerados irregulares ni los procesos electorales con los que estarían relacionados los proveedores.
Tampoco precisó si las operaciones detectadas corresponden a contrataciones con autoridades electorales federales o locales, ni si existen indicios de posibles delitos adicionales a los que pudieran derivarse de las investigaciones financieras.
La UIF sostuvo que la denuncia presentada ante la FGR permitirá que la autoridad ministerial profundice en los hechos y determine, conforme a derecho, si existen elementos para establecer posibles responsabilidades.
Finalmente, Hacienda reiteró que continuará utilizando el análisis de información financiera y la coordinación institucional para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo los principios de presunción de inocencia, respeto a los derechos de las personas involucradas y garantía del debido proceso.
