Un total de 30 organizaciones ambientales, sociales y comunitarias rechazaron la evaluación presentada por el Gobierno de México sobre el uso de la fracturación hidráulica (fracking) y demandaron una prohibición constitucional de esta técnica en todo el país, al considerar que las nuevas tecnologías propuestas no eliminan los riesgos ambientales y de salud.
El pronunciamiento surge después de que el comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum recomendara continuar con los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras descartó la aplicación del fracking en la región de Tampico-Misantla por sus impactos sociales y ambientales.
Sin embargo, las organizaciones advirtieron que limitar la protección únicamente a Tampico-Misantla es insuficiente, ya que la exploración en las otras dos cuencas podría generar afectaciones similares para comunidades del noreste del país, una región que enfrenta problemas de disponibilidad de agua.
En un comunicado conjunto, las ONG cuestionaron la integración del comité de especialistas, al señalar que no participaron representantes de las comunidades potencialmente afectadas ni expertos en epidemiología, derechos humanos o territorios indígenas.
Asimismo, criticaron que el objetivo de la evaluación no fuera determinar si México debía prohibir el fracking, sino analizar las condiciones para reducir sus impactos.
Las organizaciones también rechazaron la conclusión de que el uso de agua salada, el reciclaje de fluidos y nuevos aditivos químicos puedan disminuir significativamente los riesgos de esta práctica. Afirmaron que dichas alternativas continúan en etapa experimental y que no existe evidencia científica concluyente de que prevengan la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano, los sismos inducidos o los daños a la salud.
Además, señalaron que el informe oficial no define con claridad el manejo de los residuos generados por la fracturación hidráulica ni establece mecanismos para transparentar la ubicación, volumen y composición química de esos desechos.
Con base en datos de CartoCrítica, las organizaciones indicaron que explotar apenas el 10 por ciento del potencial de gas no convencional en México implicaría perforar más de 25 mil pozos y utilizar cerca de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Finalmente, estimaron que más de seis millones de personas habitan en zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de fracking o en áreas de influencia, mientras que ocho de cada diez litros de agua requeridos para esta actividad se extraerían de regiones con estrés hídrico severo.
El posicionamiento fue respaldado por organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking, que reiteraron su llamado a prohibir definitivamente esta técnica en territorio nacional por considerar que representa un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y el derecho al agua.
