* Baltimore, Houston y Memphis lideran la estadística como las más peligrosas de la Unión Americana
En un contraste que podría tener consecuencias directas para miles de migrantes, el Gobierno del presidente Donald Trump considera que algunas zonas de México y Centroamérica son menos violentas que varias ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con documentos internos revelados este miércoles por la cadena CNN.
Los informes, elaborados a partir de evaluaciones del Departamento de Estado sobre México, Honduras, Guatemala y El Salvador, sitúan los índices de criminalidad de determinadas regiones de esos países por debajo de los registrados en ciudades estadounidenses como Baltimore, Houston y Memphis.
La información cobra relevancia porque los documentos fueron enviados al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo encargado de tramitar las solicitudes de asilo. Sus conclusiones podrían influir en la evaluación de los casos y dificultar que ciudadanos de esos países obtengan protección en territorio estadounidense.
Uno de los argumentos centrales de los informes es que las personas que sufren extorsiones, amenazas o abusos podrían trasladarse a otras regiones de sus propios países para ponerse a salvo. Este criterio puede resultar determinante para establecer si un solicitante necesita protección internacional o si las autoridades consideran que puede encontrar seguridad dentro de su nación.
La valoración contrasta con las advertencias de viaje que Washington emite para sus propios ciudadanos sobre los riesgos de visitar distintas zonas de México y Centroamérica. Sin embargo, las alertas de viaje y los criterios legales para conceder asilo tienen propósitos distintos, por lo que no son evaluaciones directamente equivalentes.
Se desploma aprobación de solicitudes de asilo
La revelación ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.
Entre sus primeras medidas, el mandatario canceló las citas pendientes y puso fin al uso de la aplicación CBP One, que permitía a migrantes sin visa gestionar citas para presentarse en determinados puntos fronterizos y solicitar su ingreso a Estados Unidos.
Las cifras del centro independiente de análisis de datos TRAC muestran la dimensión de las restricciones. En junio pasado, los jueces migratorios rechazaron el 94.1 por ciento de las solicitudes de asilo resueltas durante ese periodo. Apenas 771 personas obtuvieron protección, menos de una cuarta parte de las que la consiguieron tres años antes.
A la par, el sistema migratorio estadounidense ha registrado una importante reducción de personal. Según TRAC, 279 jueces migratorios fueron despedidos o renunciaron durante los años fiscales 2025 y 2026, una cifra equivalente al 38 por ciento de la plantilla que existía al cierre de 2024.
Más solicitantes podrían enfrentar procesos de deportación
Las restricciones también alcanzan el procedimiento para solicitar protección. Una norma vigente desde julio permite que ciertos solicitantes sean remitidos directamente a tribunales migratorios, donde pueden enfrentar procedimientos de deportación, sin pasar previamente por una entrevista con un funcionario de asilo.
La medida provocó cuestionamientos de una coalición de 21 fiscales generales estatales, que expresó su rechazo en septiembre. De acuerdo con el comunicado del grupo, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que alrededor de 130 mil solicitantes podrían ser enviados cada año a los tribunales sin esa entrevista previa.
En este escenario, las evaluaciones sobre los niveles de violencia en México y Centroamérica podrían convertirse en otro elemento de peso en los expedientes migratorios, especialmente cuando las autoridades estadounidenses consideren que las personas amenazadas pueden reubicarse dentro de sus países.
La decisión final sobre cada petición dependerá de las circunstancias particulares del caso y de los criterios legales aplicables. No obstante, la revelación de CNN pone de relieve el papel que las evaluaciones de seguridad pueden desempeñar en un sistema de asilo que, bajo la Administración Trump, enfrenta mayores restricciones y un aumento de los obstáculos para quienes buscan protección en Estados Unidos.
