El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que una de las principales razones para el reciente traslado de 26 capos de la delincuencia organizada a Estados Unidos fue que, pese a estar recluidos, continuaban dirigiendo operaciones criminales desde los penales.
En conferencia de prensa, Harfuch señaló que la medida, solicitada por el Departamento de Justicia estadounidense y tomada como decisión soberana del Gobierno de México, busca frenar actividades ilícitas que incluían secuestros, extorsiones, homicidios y amenazas a funcionarios.
“Estos delincuentes de alto perfil continuaban operando mediante visitas, que por respeto a sus derechos humanos no pueden prohibirse, pero que eran aprovechadas para extender redes de corrupción e intimidación. Esto representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, dijo.
El funcionario precisó que varios de los trasladados, entre ellos Abigael “N” alias El Cuini, Servando “N” alias La Tuta y Hernán Domingo “N” alias El Mero Mero, tenían amparos para permanecer en penales de baja seguridad o buscaban resoluciones similares, lo que podría facilitar su envío a centros estatales menos vigilados, con riesgo de fuga o incremento de operaciones criminales. Algunos, incluso, contaban con recursos legales para obtener liberación anticipada.
Operativo de gran escala
El despliegue contó con 988 elementos y 90 vehículos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR. Desde la Base Aérea Militar No. 1, se utilizaron 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de la Marina para distribuir a los detenidos en cinco puntos de Estados Unidos:
- 8 a White Plains, Nueva York
- 1 a John F. Kennedy, Nueva York
- 5 a San Diego, California
- 6 a Phoenix, Arizona
- 6 a Dulles, Virginia
Entre los extraditados figuran líderes y operadores de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Caballeros Templarios, Cártel de los Arellano Félix y Los Beltrán Leyva, así como un químico búlgaro especializado en la fabricación de fentanilo y un traficante de personas originario de Sierra Leona.
De este grupo, solo el traficante de personas enfrenta una pena mínima de 45 años en EU; el resto podría recibir sentencias de cadena perpetua.
“Actualmente, los centros penitenciarios en los que estaban recluidos operan con normalidad y no se registró ningún incidente durante la operación”, concluyó Harfuch.
