• Este domingo habrá conferencia de prensa para dar detalles

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de directivos de empresas y servidores públicos presuntamente vinculados con el robo y comercialización ilegal de combustibles.

Las detenciones se realizaron en días recientes mediante operativos coordinados en distintos puntos del país, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios relacionados con la estructura financiera y logística del llamado huachicol.

De acuerdo con las dependencias, estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de México para combatir la corrupción y la impunidad en el sector energético, considerado uno de los rubros con mayor afectación a la economía nacional por parte de la delincuencia organizada.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y será el próximo domingo 7 de septiembre, a las 11:00 horas, cuando se brinde más información oficial en una conferencia de prensa programada en Palacio Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recordó que estos avances se dan tras el aseguramiento histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo en instalaciones de Tampico, Tamaulipas, ocurrido en marzo pasado.

Ese operativo, considerado como uno de los mayores decomisos en la lucha contra el mercado ilícito de combustibles, derivó de un trabajo de inteligencia que permitió detectar redes de almacenamiento y distribución controladas por empresas fachada.

En su momento, la Semar explicó que los 10 millones de litros de hidrocarburo asegurados en Tamaulipas estaban ocultos en terminales clandestinas y en infraestructura utilizada de manera irregular, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la complicidad de autoridades locales y empresarios.

Las indagatorias posteriores permitieron identificar a los directivos de compañías y a los servidores públicos hoy detenidos, quienes presuntamente operaban un esquema de extracción, traslado y venta de combustibles a través de una red paralela que evadía controles fiscales y de seguridad.

Fuentes federales señalaron que el caso forma parte de una carpeta mayor que busca desmantelar las estructuras financieras del huachicol, actividad ilícita que según estimaciones de la Secretaría de Hacienda genera pérdidas millonarias al erario cada año.