El empresario Alejandro “N” y su socio Othón “N” abandonaron este lunes el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, tras obtener un amparo federal que impide su detención por la agresión contra un civil ocurrida el pasado 19 de julio en un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza. Ambos salieron alrededor de las 15:00 horas, luego de que la Juez de Control, Paulina Piña, confirmara la suspensión de detención emitida por el Juzgado 14 de Distrito con sede en Naucalpan.
En la audiencia inicial, que comenzó a las 10:00 horas, la jueza ordenó la “inmediata libertad” de los imputados en apego a la resolución federal. Tras la notificación, Alejandro y Othón regresaron al reclusorio para completar el procedimiento legal y enseguida abandonaron las instalaciones del penal.
Testigos narraron que, al salir por la aduana del centro penitenciario, los dos corrieron para evitar ser alcanzados por reporteros y cruzaron la calle para ingresar rápidamente al edificio de juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM). Pese a la medida de libertad provisional, la jueza señaló que los imputados podían permanecer en la sala como público durante la audiencia.
El caso involucra también a Karla “N”, esposa de Alejandro, y a su hijo Germán “N”, quienes permanecen detenidos y enfrentan audiencia inicial para definir si serán vinculados a proceso o liberados. A diferencia de Alejandro y Othón, ellos no cuentan con la protección del amparo federal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó las órdenes de aprehensión el pasado 14 de agosto en Cancún, Quintana Roo, contra los cuatro señalados, investigados por tentativa de homicidio en perjuicio de Israel “N”, víctima de la agresión en el club de pádel. Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.
Durante la audiencia, los abogados defensores acusaron irregularidades y alegaron que la suspensión estaba vigente y con garantía cubierta, pese a las objeciones del Ministerio Público. Asimismo, solicitaron que la sesión se realizara en privado, argumentando que la difusión del caso en redes sociales afecta la reputación de los imputados.
