* El máximo tribunal aceptó analizar el recurso del Gobierno estadounidense contra los fallos que declararon ilegal la prohibición, aunque todavía no se pronuncia sobre el fondo del caso.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó examinar el recurso presentado por el Gobierno del presidente Donald Trump contra las resoluciones judiciales que declararon ilegal su prohibición de solicitar asilo en la frontera con México, una medida implementada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que el republicano regresó a la Casa Blanca.
Mediante una orden emitida este viernes, el máximo tribunal admitió el recurso, pero limitó su revisión a dos de los tres argumentos planteados por la Administración: la legalidad de las restricciones al asilo y los límites de los tribunales para otorgar protección colectiva a las personas afectadas por la medida.
La decisión no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, que tiene como eje la autoridad del presidente estadounidense para restringir el acceso a la protección internacional.
La legislación federal de Estados Unidos permite solicitar asilo a las personas que temen sufrir persecución en sus países de origen, independientemente de la forma en que ingresen al territorio estadounidense.
Sin embargo, el Gobierno de Trump sostiene que tiene facultades para rechazar de manera general las solicitudes de los migrantes alcanzados por la orden presidencial y argumenta que no está obligado a procesar peticiones que, bajo su interpretación, están destinadas a ser denegadas.
En contraste, los abogados de las organizaciones que promovieron las impugnaciones consideran que cada solicitud debe analizarse de manera individual y sostienen que el presidente no puede impedir unilateralmente que las personas ejerzan su derecho a solicitar asilo.
Las restricciones, establecidas mediante una proclamación presidencial en enero de 2025, han permanecido vigentes durante el desarrollo del proceso judicial.
Ahora se espera que el Tribunal Supremo escuche los argumentos de ambas partes en los próximos meses y emita una resolución antes de que concluya su actual año judicial, previsto para junio de 2027.
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