El secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Esteban Martínez, reveló que en 2023 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificar el decreto que extinguía los fideicomisos del Poder Judicial, con el fin de que se pudieran utilizar recursos para atender la emergencia generada por el huracán Otis. La propuesta se habría planteado a través de Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación.
De acuerdo con Martínez, el ofrecimiento de López Obrador buscaba destrabar el conflicto con el máximo tribunal, estableciendo un artículo transitorio que garantizara los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo habilitara el uso de los fondos en caso de contingencia. Sin embargo, afirmó que el diálogo con la Corte no prosperó, pues los ministros rechazaron la iniciativa bajo el argumento de que dichos recursos estaban destinados a la protección laboral de sus empleados.
En el mismo espacio, Alcalde Luján —hoy dirigente nacional de Morena— recordó que también intentó negociar con la ministra presidenta Norma Piña Hernández. Primero, para insistir en la reducción de salarios de los altos mandos del Poder Judicial, y posteriormente para que se destinara parte del fideicomiso a la atención de damnificados por Otis. Según relató, el presidente la envió con una propuesta concreta, pero la Corte mantuvo su postura de rechazo.
El diferendo entre el Ejecutivo y la Corte se enmarcó en una serie de desencuentros. López Obrador reveló en abril de 2023 que había instruido a la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, a no contestar las llamadas de la ministra Piña, luego de que ésta intentara negociar los tiempos para la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario señaló entonces que no permitiría “enjuagues” ni “acuerdos en lo oscurito”.
“Nos mandaron decir que por qué no se negociaba para que la entrada en vigor fuera después, y yo dije que no, que no había nada que arreglar en lo oscurito. Les dije que ni les contestaran el teléfono”, declaró López Obrador en aquella ocasión desde Veracruz, subrayando que se trataba de un asunto de dignidad institucional.
Durante la misma transmisión en la que se abordó este tema, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, advirtió que la delincuencia organizada en México es “muy poderosa”, con gran capacidad económica, de fuego y de corrupción. Subrayó que, por esa razón, es indispensable fortalecer el Estado de derecho y los órganos de procuración de justicia, en el marco de la reforma judicial ya impulsada por el gobierno.
