En el arranque del periodo de sesiones de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista del pleno el proyecto de resolución que analizaría este martes la constitucionalidad de la reforma que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Aguascalientes. La decisión dejó en pausa un tema que ha generado amplio debate nacional.
La Corte no anunció una nueva fecha para su discusión, lo que llevó a organizaciones defensoras del derecho a decidir, como Católicas por el Derecho a Decidir México, a expresar su preocupación. De acuerdo con el colectivo, la postergación del análisis “mantiene la incertidumbre jurídica y médica” para las mujeres de Aguascalientes, quienes desde la aprobación de la reforma en agosto de 2024 “no pueden decidir libremente sobre su maternidad”.
Aidé García Hernández, directora de la organización, lamentó la omisión del máximo tribunal. “Estábamos muy esperanzadas para que hoy iniciara ese proceso de discusión, lamentablemente no fue así. La Suprema Corte no está respondiendo a una demanda que además ya está discutida y lista para que este derecho se garantice”, declaró en entrevista. La activista recordó que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por el Ejecutivo federal y la CNDH contra disposiciones del Código Penal local y una ley de protección de la vida desde la concepción.
García calificó como “delicado” este retraso, especialmente porque la SCJN está integrada ahora por nueve ministros y ministras electos por voto popular el pasado 1 de junio, quienes —dijo— se consideran de perfil progresista. “La SCJN tiene que dar señales diferentes y demostrar que es una Corte que defiende los derechos humanos y es congruente con su propio discurso”, destacó, recordando que el Tribunal ya declaró la despenalización del aborto a nivel nacional en 2023.
Diversas voces atribuyen la suspensión del tema en la agenda a presiones externas. Aunque no se ha confirmado, activistas señalan que la Iglesia católica y grupos políticos conservadores, incluidos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), podrían estar influyendo para evitar que se revierta la decisión del Congreso local. Días previos, la Arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar la vida” al analizar el proyecto, señalamientos que el ministro ponente, Irving Espinosa, rechazó, aclarando que su iniciativa busca impedir reducciones regresivas en el plazo legal para abortar.
Para colectivos feministas, Aguascalientes es una de las entidades más conservadoras del país, gobernada por el PAN durante décadas y donde, aseguran, la Iglesia ha ejercido injerencia en decisiones legislativas y judiciales pese a la obligación constitucional de mantener la laicidad del Estado. En este contexto, organizaciones advierten que la resolución del máximo tribunal marcará un precedente clave para la protección de derechos reproductivos.
Actualmente, 24 de los 32 estados del país han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 12, en línea con la sentencia de la SCJN. Aguascalientes y Sinaloa se mantienen fuera de este marco, con plazos inferiores de seis y 13 semanas, respectivamente. Activistas destacan que no existe argumento ético, médico o científico para restringir el acceso durante ese periodo, y recuerdan que países como Colombia han avanzado incluso hasta las 24 semanas de gestación en su legislación.
