El PRI escaló el tono de la confrontación política al solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos que el partido Morena sea declarado organización terrorista, al acusarlo de mantener presuntos vínculos con cárteles del crimen organizado en México.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, informó que ya fue presentado un escrito ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el argumento de que, conforme a la Ley Patriota y otras disposiciones legales, autoridades estadounidenses pueden clasificar a personas u organizaciones como terroristas.
“En el pasado, concretamente en el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos declaró al partido político español Batasuna, organización terrorista. El sustento de dicha declaración era que Estados Unidos y para Estados Unidos, la organización terrorista ETA y Batasuna eran exactamente lo mismo al considerar que Batasuna era el brazo político de una organización terrorista como ETA. Aquí está claro, el brazo político del partido morena son los carteles del crimen organizado y por eso vamos a iniciar una intensa y contundente gira internacional para denunciar esto”, sostuvo.
Acompañado por legisladores federales y locales del PRI, entre ellos el coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, así como senadores y dirigentes del partido, Moreno sostuvo que existen elementos que, a su juicio, evidencian una “complicidad” entre gobiernos emanados de Morena y organizaciones criminales.
El dirigente priista afirmó que la reciente imputación del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otras nueve personas —entre ellas el senador Enrique Inzunza— “hace visible un pacto criminal” que su partido ha denunciado desde hace meses.
Aseguró además que el PRI fue el primero en señalar estos hechos.
Moreno también acusó que en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024 se registraron actos de violencia, asesinatos de candidatos, coacción del voto y presunta intervención del crimen organizado para favorecer a Morena.
En el caso de Sinaloa, señaló que la imputación contra Rocha Moya incluiría presuntos acuerdos con grupos criminales para permitir su operación a cambio de respaldo político.
Asimismo, mencionó presuntos vínculos de otros gobernadores emanados de Morena, como Marina del Pilar Ávila en Baja California y Américo Villarreal en Tamaulipas, con esquemas de lavado de dinero o redes delictivas, según el documento presentado ante autoridades estadounidenses.
El líder del PRI comparó el caso con el precedente del partido español Batasuna, vinculado a la organización ETA, que fue considerado en su momento como brazo político de una organización terrorista por Estados Unidos.
En ese sentido, sostuvo que, a diferencia de ese caso, en México existiría una relación aún más profunda entre crimen organizado y actores políticos.
Moreno aseguró que la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado más de 200 mil muertes en el país desde 2018, cifra que atribuyó a lo que calificó como un “pacto criminal” entre el gobierno federal y grupos delictivos.
