La oposición en el Senado cerró filas contra la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que votará en contra al considerar que se trata de un retroceso democrático que debilita al árbitro electoral y no atiende el principal problema del sistema: la intervención del crimen organizado en los procesos comiciales.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve, calificó la propuesta como una “Ley Maduro” y sostuvo que confirma la construcción de “un Estado autoritario” por parte de Morena.
Acusó que la reforma busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), desaparecer el servicio civil de carrera y reducir recursos a los organismos públicos locales electorales (Oples), lo que —dijo— pondría en riesgo la certeza de las elecciones.
Añorve argumentó que la disminución del financiamiento al INE contrasta con los subsidios federales a obras como el Tren Maya y advirtió que la modificación del sistema de representación proporcional abriría la puerta a una sobrerrepresentación oficialista en el Congreso.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano Austria sostuvo que la iniciativa “nace mal y terminará mal” al no surgir de un consenso plural.
Defendió la representación proporcional y acusó al oficialismo de haber incurrido en sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. “Lo que ganes en las urnas es a lo que tienes derecho en las cámaras”, afirmó.
Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que su bancada no acompañará la reforma porque no incluye sanciones severas —incluida la pérdida de registro— para partidos y candidatos que reciban recursos del crimen organizado.
“El principal problema de la democracia mexicana es la intervención del narco y del huachicol en las elecciones”, sostuvo.
Anaya consideró que la discusión sobre la reducción del número de legisladores o la modificación de las listas plurinominales es una “cortina de humo” y reiteró que, mientras no se establezcan castigos ejemplares al financiamiento ilícito, el PAN votará en contra.
En contraste, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña anunció que votará a favor y defendió la intención de que todas y todos los aspirantes a diputaciones de representación proporcional hagan campaña en territorio.
A su juicio, el objetivo de eliminar listas cerradas responde a una demanda ciudadana; no obstante, reconoció que el mecanismo puede perfeccionarse y llamó a mantener la unidad con el PT y el PVEM.
Movimiento Ciudadano también expresó reservas.
El coordinador de esa bancada, Clemente Castañeda, advirtió que cualquier reforma electoral impulsada desde el poder debe analizarse con cautela.
Señaló que su grupo parlamentario no dará “ni un paso atrás” en la defensa del pluralismo político y revisará con responsabilidad el eventual impacto en la representación proporcional y en instrumentos como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El senador emecista alertó que, de confirmarse una afectación al equilibrio democrático o al sistema de partidos, no acompañarán la propuesta.
La iniciativa presidencial plantea, entre otros puntos, modificar el método de asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional, eliminar la lista nacional de 32 senadurías y reducir el financiamiento público a partidos y autoridades electorales, lo que ha generado tensiones no sólo en la oposición, sino también entre los aliados del oficialismo.
Con posturas encontradas y sin consenso visible, la reforma electoral anticipa un debate de alta intensidad política en el Congreso, donde la aritmética legislativa y la cohesión de la mayoría serán determinantes para su eventual aprobación.
