Plantean modificar la Ley General de Educación para que ningún niño o niña quede sin jornada extendida, alimentación escolar ni condiciones dignas para aprender
A fin de resarcir el vacío que dejó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y la imposición de un modelo incompleto como “La Escuela es Nuestra”, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI, que coordina Manuel Añorve Baños, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9 y el segundo párrafo del artículo 119 de la Ley General de Educación.
No se trata de improvisar un nuevo programa, sino de blindar en la ley una política pública que funcionó en los gobiernos priistas, que combatió la desigualdad y que millones de familias aún reclaman. La propuesta establece la creación, de forma gradual y progresiva, de escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias. Además, obliga a que el presupuesto federal incluya cada año una partida específica para este fin, que no podrá ser menor a la del ejercicio anterior.
“Eliminar este programa fue un error profundo que todavía golpea a las infancias del país. Hoy rescatamos esta propuesta con el firme compromiso de garantizar que los derechos y necesidades de las y los ciudadanos sean finalmente atendidos”, señala el documento. La iniciativa, ya publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, parte de una convicción clara: la educación pública no puede estar sujeta a ocurrencias administrativas ni de un partido político o su líder moral. Debe estar protegida por ley, con visión, justicia y responsabilidad.
Durante más de una década, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo ofreció alimentación escolar, jornadas ampliadas y espacios seguros a millones de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Fue una política pública efectiva de los gobiernos priistas, reconocida por su impacto en el aprendizaje, el desarrollo integral y el apoyo a madres trabajadoras.
Pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue eliminado sin diagnóstico, sin sustento y sin escuchar a la comunidad educativa. Lo sustituyeron por “La Escuela es Nuestra”, un esquema que excluyó lo esencial: el tiempo adicional en el aula, el acompañamiento académico y la protección diaria que muchas familias necesitaban para salir adelante.
El golpe fue brutal. Más de tres millones y medio de estudiantes perdieron esos beneficios, sobre todo en comunidades indígenas y rurales donde, para muchos, esta era la única oportunidad de recibir una comida caliente y permanecer en un entorno seguro mientras sus padres trabajaban. La desaparición del programa no solo desmanteló una estructura funcional: agravó la desigualdad y dejó sin respaldo a miles de maestras y maestros que dependían de los apoyos por horas adicionales.
Con esta iniciativa, el PRI busca corregir un retroceso imperdonable. No parte de la nostalgia, sino de la urgencia. Porque la educación pública no puede depender del capricho político: debe ser un derecho garantizado por ley.
