-
Entrarán en vigor hasta 2030, como se aprobó en el Senado
Con 477 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política, con el propósito de prohibir la reelección consecutiva y eliminar el nepotismo electoral.
Durante la discusión en lo particular, la diputada Dolores Padierna Luna, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, explicó que se presentaron propuestas de modificación tanto a los artículos mencionados como a los transitorios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del proyecto de decreto.
La reforma establece la prohibición de la reelección inmediata para cargos de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gobernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefaturas de gobierno, alcaldías y concejalías. Además, se determina que los senadores y diputados suplentes podrán ser elegidos como titulares para el periodo inmediato, siempre que no hayan ejercido previamente el cargo, mientras que los titulares no podrán aspirar a la suplencia en el periodo siguiente.
En relación con la constitucionalización del “nepotismo electoral”, la norma exige que las personas que pretendan ocupar un cargo de elección popular no tengan, ni hayan tenido en los tres años anteriores a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho, ni relaciones de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado.
El régimen transitorio establece que la prohibición del nepotismo electoral se aplicará a partir de los procesos electorales federales y locales que se celebren en 2030, al igual que la restricción de reelección para los servidores públicos. Así, quienes ocupen cargos en 2030 a los que hace referencia la reforma no podrán postularse para reelección. Asimismo, la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México deberán adecuar sus constituciones y demás ordenamientos en un plazo de 180 días naturales desde la entrada en vigor del decreto.
Este dictamen, que surge de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, sostiene que las reformas impulsarán la transparencia y la meritocracia en los procesos electorales, fortaleciendo de manera significativa la legitimidad del sistema político mexicano.
Con la eliminación de la reelección y la prohibición del nepotismo electoral se preserva, además, la interdependencia entre la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos como fundamentos del sistema.
Tras ser ratificadas en San Lázaro, de inmediato las reformas fueron enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum para ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.