En México, las máquinas tragamonedas ilegales operan actualmente en miles de espacios como si fueran parte del entorno cotidiano, a pesar de estar prohibidas por la normativa vigente.
En comercios, bares y espacios comunitarios, su presencia ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema de seguridad que impacta directamente a las familias y al tejido social.
Aunque en muchos casos se perciben como una práctica menor o recreativa, estas máquinas funcionan fuera de la ley, sin supervisión ni controles, y en diversos casos con acceso para niñas, niños y adolescentes.
Más allá del entretenimiento, autoridades han identificado esta actividad como una fuente de ingresos ilícitos que podría alcanzar hasta 600 millones de pesos semanales, además de estar vinculada con delitos como extorsión, fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con información oficial, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se han asegurado más de 2 mil 147 máquinas tragamonedas ilegales en el país, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las acciones para combatirlo.
En este contexto, el diputado federal y líder sindical Pedro Haces Barba presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el objetivo de fortalecer el marco legal y cerrar espacios a esta actividad ilícita.
El legislador subrayó que no se trata de un tema de entretenimiento, sino de seguridad, al advertir que estas máquinas operan al margen de la ley, afectan a las familias y generan condiciones que favorecen actividades delictivas, por lo que llamó a no normalizar su presencia.
La propuesta plantea elevar a rango de ley la prohibición de las máquinas tragamonedas, actualizar sanciones y establecer responsabilidades claras para quienes participen en su distribución, instalación, operación o financiamiento, así como para quienes permitan o protejan su funcionamiento, con el fin de fortalecer el Estado de derecho y proteger a las comunidades.
