Ante las críticas del Gobierno federal y de figuras políticas de Morena, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) defendió su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en el caso de México.
En un comunicado oficial, la ONU aclaró que dicha medida fue adoptada por consenso entre los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), tras recibir múltiples denuncias, así como con base en reportes previos, información adicional y la cooperación del Estado mexicano desde 2014. La decisión fue anunciada el pasado 4 de abril al concluir el 28º período de sesiones del Comité.
“El Comité desea destacar que su decisión fue tomada con base en información bien fundada y no prejuzga las etapas posteriores del procedimiento”, enfatizó el organismo, al tiempo que señaló que el protocolo activado permitirá solicitar al Estado mexicano información sobre las denuncias y, de ser necesario, llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU.
El artículo 34 de la Convención contempla este tipo de procedimiento cuando existen indicios de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en un país. Según la ONU, este es el mecanismo más extremo con que cuenta el Comité, y es la primera vez que se aplica a un Estado parte.
La respuesta se da en medio de una fuerte crítica por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó el anuncio como “frívolo” y “sin sustento”. El legislador morenista acusó al presidente del CED, Olivier de Frouville, de actuar unilateralmente y de emitir juicios infundados sobre la situación de desapariciones en México.
“El funcionario de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando temerariamente que éstas son generalizadas y sistémicas”, dijo Noroña, quien anunció que el Senado presentará un recurso legal ante las instancias internas de Naciones Unidas en contra del presidente del Comité.
Asimismo, exigió que Frouville retire sus “oprobiosas aseveraciones” y afirmó que el Estado mexicano no practica actualmente desapariciones forzadas.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Centro Prodh calificaron la decisión como inédita y significativa. Ambos colectivos señalaron que este paso permite abrir un escrutinio internacional sobre un fenómeno que ha afectado a miles de familias mexicanas durante décadas.
“Es un reconocimiento sobre la preocupante situación que ha vivido México en materia de desaparición por años, y abre la posibilidad para que haya un escrutinio internacional que ayude en el acceso a la verdad y la justicia”, afirmó el CEPAD en redes sociales.
El Centro Prodh subrayó que el Comité ya había advertido en su visita a México en 2021 sobre el carácter sistemático del fenómeno y que la activación de este protocolo es consecuencia de la falta de implementación de políticas efectivas para erradicarlo.
Finalmente, la ONU reiteró su disposición a mantener una relación de cooperación y diálogo constructivo con el Estado mexicano, en aras de garantizar la aplicación plena de la Convención y proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
