El Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua resolvió de manera definitiva negar la suspensión que impedía a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) demoler las presas construidas por el exgobernador César Duarte en su rancho “El Saucito”, donde presuntamente desviaba agua de manera ilegal.
Este martes, la Conagua informó que el Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor el recurso de queja 230/2025, permitiéndole continuar con las sanciones en contra del predio ubicado en Chihuahua, propiedad de Duarte Jáquez. La dependencia señala que en el sitio se detectó “uso indebido de aguas nacionales y alteración del cauce del arroyo El Saucito, que conduce aguas superficiales al río Agujas, al Conchos y, finalmente, al río Bravo.”
La decisión judicial se basa en la revocación de la suspensión provisional concedida inicialmente por el mismo juzgado, fallo que fue revertido el pasado 6 de junio por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. Este tribunal consideró válidos los argumentos de Conagua, entre ellos, que los quejosos no contaban con un título de concesión de aguas y que el municipio carecía de facultades para otorgar ese tipo de permisos. Además, concluyó que la suspensión afectaba el interés social y el orden público.
En un comunicado, Conagua señaló que con esta resolución se garantiza el derecho humano al agua, al permitir que el líquido retome su cauce natural sin restricciones impuestas por infraestructura ilegal.
Hace dos semanas, el titular de la Conagua, Efraín Morales, denunció públicamente desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que Duarte construyó una presa y cinco represas en su rancho, acaparando agua de forma irregular.
“Se trata de una de las muchas acciones cometidas durante el periodo neoliberal, bajo el amparo del poder político y económico, con fines personales. Se construyeron presas y represas dentro de un rancho de cientos de hectáreas”, expresó Morales.
Tras la denuncia, la Conagua presentó pruebas y denuncias formales para sustentar la demolición de las obras hidráulicas ilegales. Con la resolución definitiva, la dependencia podrá proceder con la recuperación del cauce natural del agua en la región.
