* Indica que el derecho a expresarse, no ampara insultos ni vejaciones
* Enfrenta 17 juicios en total por restricción a comentarios de usuarios en su perfil
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defendió las restricciones de interacción en su cuenta de X, en medio de una controversia judicial que involucra 17 juicios de amparo promovidos por ciudadanos que cuestionan las limitaciones para comentar sus publicaciones.
En un posicionamiento difundido en redes sociales, la ministra sostuvo que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que no ampara insultos, vejaciones ni otras conductas que vulneren los derechos de las personas. Su respuesta reavivó el debate sobre los límites entre la protección frente a las agresiones digitales y el derecho de la ciudadanía a cuestionar a quienes ocupan cargos públicos.
Batres explicó que, de los 17 juicios promovidos desde 2024, varios fueron sobreseídos, es decir, concluyeron sin una resolución de fondo favorable a los demandantes. Sin embargo, el número exacto de procedimientos concluidos y su situación procesal deben distinguirse de las sentencias que sí analizan la legalidad de las restricciones.
El caso más reciente que ha cobrado relevancia es el amparo indirecto 328/2026, concedido el 22 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. La resolución ordena a la ministra realizar los ajustes necesarios en su perfil de X para retirar la restricción que impedía al ciudadano promovente comentar sus publicaciones.
El juez consideró que la limitación vulneraba los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, al tratarse de una cuenta utilizada para difundir actividades relacionadas con el desempeño de su función pública. La sentencia también retoma el criterio de que los servidores públicos deben tolerar un mayor margen de crítica sobre su trabajo.
La controversia no significa que cualquier usuario tenga derecho a insultar, amenazar o acosar sin consecuencias. El punto central es determinar si una autoridad puede restringir de manera general la participación en sus publicaciones y qué justificación resulta constitucionalmente válida para hacerlo.
La ministra, por su parte, ha argumentado que las restricciones buscan prevenir agresiones, amenazas y expresiones dirigidas contra ella o su familia. La discusión jurídica consiste en establecer si esas medidas son proporcionales y si existen alternativas que permitan atender conductas abusivas sin impedir la crítica legítima.
