* La suspensión definitiva no significa que el exgobernador ya haya sido exonerado
La jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, aplicó el típico ‘sabasazo’, y concedió la suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, contra el auto de vinculación a proceso que enfrenta por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol.
La resolución, emitida dentro del juicio de amparo 1085/2026, mantiene el procedimiento penal en su etapa intermedia e impide que se dicte el auto de apertura a juicio oral hasta que se resuelva el fondo del recurso promovido por la defensa del exmandatario.
De acuerdo con los registros del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la medida cautelar busca evitar que el proceso avance a la etapa de juicio oral mientras se analiza la legalidad de la vinculación a proceso dictada contra Ruffo Appel.
El acto reclamado corresponde a la resolución emitida en julio pasado por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega, quien determinó vincularlo a proceso por su presunta participación en actividades relacionadas con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Sin embargo, la suspensión definitiva no significa que el exgobernador haya sido exonerado, tampoco cancela la vinculación a proceso ni invalida la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR). El procedimiento penal continuará conforme a las disposiciones legales, aunque sin avanzar hacia la apertura del juicio oral hasta que se resuelva el amparo.
Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, como parte de las investigaciones federales por una presunta red dedicada a la importación ilegal de gasolina y diésel.
La FGR lo identifica como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, a la que atribuye operaciones de contrabando de combustibles que habrían ocasionado un daño al erario público estimado en cuatro mil millones de pesos.
Tras su detención, el exmandatario permaneció aproximadamente dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Posteriormente, obtuvo el cambio de la medida cautelar para continuar bajo prisión preventiva en la modalidad de resguardo domiciliario en Ensenada, donde permanece bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional.
