La Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, presidida por Navy Pillay, señaló hoy que ha comenzado a recolectar evidencias sobre crímenes de guerra cometidos por Hamás, otros grupos palestinos armados y las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre.
“Las atrocidades de las que hemos sido testigos desde ese día añaden una urgencia sin precedentes a nuestras conclusiones y recomendaciones”, aseguró en un comunicado Pillay, quien fue alta comisionada de la ONU para los derechos humanos entre 2008 y 2014.
La jurista sudafricana agregó, ante los recientes acontecimientos, que “los civiles y las instalaciones civiles deben siempre ser protegidos, nunca son un objetivo legítimo, y todas las partes deben cumplir la obligación de protegerlas con arreglo a la ley humanitaria internacional”.
Pillay hizo estas declaraciones al publicarse un informe de la comisión sobre violaciones de derechos humanos en el conflicto palestino-israelí que no aborda los hechos más recientes (comprende el periodo entre mayo de 2021 y agosto de 2023), aunque según la jurista “muestra que el único camino para acabar con la violencia es mediante el respeto a la ley internacional”.
“Para ello se requiere enfrentar las causas originales del conflicto, incluida la ocupación del territorio palestino, y permitir a esa población que ejerza su derecho de autodeterminación”, agregó la presidenta de la comisión.
El informe concluye que todas las partes del conflicto, incluidos Israel, la Autoridad Nacional Palestina y el “gobierno de facto en Gaza” se han negado a tomar medidas de prevención para evitar víctimas civiles en dos años de violencia, exacerbando la crisis y “profundizando las divisiones y el odio”.
Agrega que el lanzamiento de cohetes y morteros por parte de grupos palestinos armados hacia zonas pobladas por civiles constituye un crimen de guerra, aunque también califica como tal la respuesta “desproporcionada” de Israel a los ataques. Por otro lado, el bloqueo de la entrada de alimentos y suministros médicos en Gaza es una “violación de la ley humanitaria internacional”, añade el informe.
También subraya que las operaciones de seguridad israelíes en Gaza y sus incursiones en ese territorio palestino “buscan debilitar la oposición a la ocupación, fragmentar la cohesión política palestina, y a largo plazo evitar el establecimiento de un Estado libre palestino”.
El informe denuncia la represión, a menudo letal, de manifestaciones palestinas por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, y redadas y arrestos con un uso desproporcionado de la fuerza, como los organizados en la ciudad palestina de Jenin este año.
El documento reclama a Israel que garantice investigaciones imparciales, independientes y profundas sobre posibles violaciones de derechos humanos en Gaza, y al gobierno de Hamás en Gaza que detenga los ataques contra objetivos civiles.
