* Anuncia plan de austeridad para que ningún integrante del Poder Judicial en ejercicio o retiro gane más que la presidenta de México, así como la eliminación de servicios médicos privados y su afiliación al ISSSTE

* Se compromete a una justicia para todos, de puertas abiertas, llama a universidades a promover la enseñanza del derecho para servir a la sociedad

Luego de tres horas de retraso en su toma de protesta en el Senado, esta noche de lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una nueva etapa, ahora bajo el mando de Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió como presidente del máximo tribunal del país tras la primera elección judicial en la historia de México. Durante la ceremonia de instalación, realizada en el Senado de la República, Aguilar anunció un plan de austeridad con el que, aseguró, se pondrá fin a los privilegios de jueces y ministros.

En ceremonia a la que asistieron por primera vez despues de más de 30 años, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, además de los líderes de la Camara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Laura Itzel Castillo, con quienes los anteriores ministros tenían diferencias irreconciliables, el nuevo titular de la SCJN comenzó su discrisoncomo orador único anunciando que, a partir de ahora, ningún integrante del Poder Judicial, ya sea en funciones o en retiro, podrá percibir un salario superior al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Con ello, precisó, se dará cumplimiento al mandato constitucional que establece límites en la remuneración de los servidores públicos.

Entre las medidas más relevantes, Aguilar detalló que actualmente hay ministros en retiro que reciben entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, cantidades muy por encima del sueldo presidencial. “Este ajuste permitirá ahorrar alrededor de 800 millones de pesos al año”, afirmó.

Asimismo, enumeró las decisiones inmediatas en materia de austeridad:

Eliminación del seguro de gastos médicos mayores.
Supresión del seguro de jubilación anticipada.
Afiliación obligatoria de ministros y magistrados al ISSSTE.
Revisión y reducción de apoyos administrativos.
Cancelación de prestaciones que impliquen excesos presupuestales.
Aguilar aseguró que la austeridad no significará precariedad para la justicia, sino la erradicación del dispendio y del nepotismo. “Cada peso del presupuesto se destinará a lo esencial: fortalecer juzgados, modernizar procesos, capacitar al personal y garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del país”, puntualizó.

En su discurso, adelantó que se trabajará en una justicia digital que reduzca tiempos y costos procesales, además de impulsar criterios para que las resoluciones se emitan dentro de los plazos establecidos por la Constitución y la ley. “No podemos seguir resolviendo los retos del siglo XXI con prácticas del siglo XIX”, expresó.

El ministro presidente destacó también la creación de una “justicia pluricultural y humanista”, con perspectiva de género, inclusión social y atención a los derechos económicos, sociales y ambientales. Afirmó que la Corte escuchará la voz de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes ahora tendrán un lugar central en las decisiones judiciales.

A las universidades del país, Aguilar hizo un llamado a transformar los planes de estudio de derecho, de modo que los futuros abogados estén formados con una visión de servicio a la sociedad y no de beneficio personal. “La justicia no se construye en soledad, requiere de la academia, de la sociedad civil y de los colectivos ciudadanos”, recalcó.

Finalmente, reafirmó que la relación de la SCJN con el Ejecutivo y el Legislativo será de respeto, diálogo y colaboración, pero siempre dentro de la independencia de poderes. “La Constitución será nuestra espada y nuestro escudo. Ni por encima ni por debajo de ella. Que viva la justicia, que viva el pueblo de México”, concluyó.

Tras esta sesión de instalación, se procedió a despedir a los invitados y tras 15 minutos de receso, los ministros efectuaron ya a segunda sesión, ahora de carácter privado, en la que definieron reglas y protocolos para que todo el Poder Judicial se mantenga funcionando con normalidad administrativa y presupuestaria, en lo que se aplican los criterios de austeridad y eficiencia hoy ordenados.