El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum logró una reducción “sin precedente” en los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, al reportar una baja preliminar de 49 por ciento en el promedio diario nacional de asesinatos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.
Durante el informe presentado en Palacio Nacional, el funcionario sostuvo que los resultados son producto de una política basada en inteligencia, coordinación institucional, despliegue territorial y combate a la corrupción, con operaciones permanentes contra estructuras criminales en todo el país.
El eje central del mensaje de Harfuch fue que el gobierno federal busca mostrar que la estrategia de seguridad ya no se limita al combate armado contra grupos delictivos, sino que ahora golpea de manera simultánea tres frentes: líderes criminales, redes financieras y protección política vinculada con organizaciones delictivas.
El titular de la SSPC destacó que desde el inicio de la administración han sido detenidas cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de más de 400 toneladas de droga, casi 30 mil armas de fuego y la destrucción de dos mil 400 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.
Subrayó además que el 78 por ciento de las armas decomisadas provienen de Estados Unidos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó a mil 422 sujetos relacionados con actividades ilícitas, congelando recursos superiores a cuatro mil millones de pesos.
Uno de los puntos más delicados del informe fue la revelación de que durante esta administración han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos siete alcaldes en funciones, bajo investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, extorsión y secuestro.
“Sin importar partido o color”, afirmó Harfuch, las autoridades actuarán contra cualquier servidor público ligado al crimen.
El funcionario también destacó la transferencia a Estados Unidos de 92 objetivos prioritarios vinculados con distintos cárteles, algunos de los cuales llevaban hasta 40 años evitando la extradición gracias, dijo, a redes de corrupción dentro del sistema penitenciario y de justicia.
En el balance estatal, Guanajuato fue presentado como el caso emblemático de la nueva estrategia federal. Harfuch aseguró que tras el despliegue de 10 mil elementos federales y la captura de generadores de violencia, el promedio diario de homicidios pasó de 12.7 asesinatos diarios en febrero de 2025 a cuatro casos por día, una reducción superior al 68 por ciento.
También reportó disminuciones en homicidios en entidades como Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Morelos y Sinaloa, donde el gobierno federal concentró operativos de inteligencia y despliegues militares.
En Jalisco resaltó las capturas de operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y mencionó el abatimiento de Rubén “N”, alias “El Mencho”, así como la detención de “El Jardinero” y “El Güero Conta”, identificados como operadores logísticos y financieros de esa organización criminal.
En Sinaloa, Harfuch afirmó que la estrategia federal ha debilitado de manera simultánea a las distintas facciones del Cártel de Sinaloa mediante golpes operativos, decomisos históricos de fentanilo y detenciones de líderes de sicarios y operadores financieros.
Detalló que en esa entidad fueron detenidos dos mil 500 generadores de violencia, aseguradas cinco mil 500 armas y destruidos cerca de dos mil laboratorios clandestinos.
El secretario insistió en que el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el aumento de capacidades del Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación entre Ejército, Marina, fiscalías y gobiernos estatales son pilares de la estrategia de pacificación impulsada por la administración federal.
Finalmente, sostuvo que las instituciones de seguridad mantendrán las operaciones focalizadas y el despliegue territorial para continuar reduciendo la violencia y evitar que los grupos criminales recuperen capacidad operativa en las regiones prioritarias del país.
