La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, declaró que el silencio del Poder Judicial de la Federación (PJF) en respuesta a la posible desaparición de 13 de sus 14 fideicomisos no es inacción, sino una medida de prudencia para no obstaculizar las acciones destinadas a proteger los derechos de sus empleados.
Estas declaraciones se dieron a conocer a través de un video publicado en redes sociales, en el cual la Ministra se encontraba en su oficina manteniendo una videoconferencia privada con miembros del PJF para discutir el decreto que pretende eliminar los fideicomisos.
“El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer otras aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación”, indicó.
En el video, con una duración de casi dos minutos, la Ministra expresó que actualmente no tiene una respuesta definitiva a las diversas preguntas planteadas sobre el tema, y destacó la importancia de la función del PJF en servir a la sociedad. También señaló que no puede predecir cómo el Congreso de la Unión resolverá el decreto de extinción de los fideicomisos.
Piña Hernández subrayó que la reunión no tenía como objetivo proporcionar respuestas, ya que el proceso legislativo está en curso. En cambio, la reunión virtual tenía como propósito transmitir a jueces, magistrados y a todos los miembros del PJF el compromiso de los ministros, consejeros y funcionarios de la Corte de proteger los derechos de quienes conforman el PJF, así como preservar su autonomía e independencia.
“Mentiría, si les dijera que, en estos momentos, cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal”. Sostuvo.
Cabe recordar que e cuanto al presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2024, se busca un aumento real del 4 por ciento en comparación con el presupuesto aprobado para 2023, que fue de 77,544 millones 491,126 pesos. Esto equivale al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 84,792.4 millones de pesos. De esta cifra, 6,091.1 millones serían destinados a la SCJN, 74,793.3 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3,890 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
