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miércoles, noviembre 18, 2026

Esthela Damián plantea reformar leyes para sancionar desvíos de recursos públicos en el INE

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* La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal señaló que el marco legal debe impedir la impunidad de exfuncionarios y cuestionó la autoridad moral del exconsejero Lorenzo Córdova.

 

 

 

 

 

Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, planteó la necesidad de rediseñar integralmente el marco jurídico nacional en materia administrativa y penal para garantizar sanciones severas y expeditas contra los servidores públicos que desvíen recursos del erario.

La también exfuncionaria federal sostuvo que las disposiciones legales heredadas del periodo neoliberal han permitido retrasar procedimientos judiciales y favorecer la impunidad de quienes ocuparon altos cargos institucionales, por lo que consideró urgente impulsar reformas de fondo.

Como ejemplo, mencionó las presuntas irregularidades y los esquemas de contratación multimillonaria registrados durante anteriores administraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que deben investigarse y sancionarse las conductas que hayan ocasionado un perjuicio a los recursos públicos.

“Urge un rediseño del andamiaje jurídico para la sanción administrativa y penal de servidores públicos que desvían recursos públicos en perjuicio del pueblo de México, como el caso Taddei-Córdova”, manifestó.

Damián Peralta también cuestionó la imagen de integridad y neutralidad que, dijo, pretenden proyectar algunos exconsejeros electorales, particularmente Lorenzo Córdova, frente a los señalamientos sobre el manejo de recursos y la concentración de contratos durante sus respectivas gestiones.

“Habría que preguntarse si realmente tiene autoridad moral para reclamar lo que reclama Lorenzo Córdova. No podemos permitir que quienes se sirvieron del erario pretendan dar lecciones de democracia mientras el pueblo exige justicia, austeridad y una verdadera rendición de cuentas”, enfatizó.

La exconsejera jurídica consideró que las investigaciones sobre posibles irregularidades en el organismo electoral deben traducirse en responsabilidades administrativas y penales, sin distinciones por el cargo o la posición política de quienes pudieran estar involucrados.

Finalmente, afirmó que la consolidación de la Cuarta Transformación requiere combatir la corrupción institucionalizada mediante modificaciones legales que cierren espacios al desvío de fondos públicos y fortalezcan los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Sostuvo que el objetivo debe ser garantizar que los recursos del Estado se utilicen en beneficio de la población y que ningún servidor público esté por encima de la ley.

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