* El operativo se realizó en San José de Iturbide; autoridades incautaron tanques, unidades de carga y documentación relacionada con la investigación.
Autoridades federales y estatales localizaron y aseguraron casi 60 millones de litros de presunto hidrocarburo, con características de diésel y gasolinas regular y premium, durante un cateo realizado en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que el operativo fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre instituciones federales y estatales. Su titular, Juan Mauro González Martínez, confirmó la magnitud del hallazgo.
La diligencia se llevó a cabo mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, con la participación del Ministerio Público Federal, personal pericial especializado y autoridades estatales.
De acuerdo con la información oficial, la inspección forma parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, la distribución y otras operaciones con hidrocarburos.
Aseguran tanques, vehículos y contenedores
Durante el cateo, las autoridades aseguraron diez tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transporte y documentación relacionada con los hechos investigados.
Debido a la magnitud del hallazgo y a los riesgos asociados con posibles derrames, incendios o explosiones, las labores de medición, identificación y manejo del producto continuarán bajo supervisión especializada.
Ministerio Público determinará la procedencia del combustible
El inmueble y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que deberá determinar la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto localizado.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que mantendrá la colaboración con las autoridades federales para combatir los delitos en materia de hidrocarburos, proteger a las comunidades y afectar los recursos que pudieran sostener otras actividades delictivas.
La investigación permanece abierta y será el Ministerio Público Federal el encargado de establecer las responsabilidades correspondientes.
