El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, pidió este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar en contra de Antonio Valente Martínez, conocido como “El Toñín”, padre de la alcaldesa de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo. El mandatario señaló que el señalado estaría relacionado con delitos graves, entre ellos el homicidio de elementos de la Guardia Nacional y de agentes ministeriales en la zona denominada “El Triángulo Rojo”.
Armenta también acusó a Martínez de lavar dinero proveniente del huachicol, rechazando la versión de que se dedica a actividades agrícolas, como él afirma en redes sociales. En ese contexto, condenó que aprovechara las protestas contra la Ley de Aguas para bloquear durante más de 25 horas la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de Palmarito Tochapan.
“Ahora resulta que un delincuente es un agricultor. Un delincuente es un delincuente. La actividad agrícola es el modo de lavar el dinero. Se llama lavado de dinero del huachicoleo, es la verdad (…) Que asuma su responsabilidad”, declaró el gobernador, al subrayar que las autoridades no deben permitir que figuras presuntamente criminales se escuden en movimientos sociales.
En declaraciones difundidas a través de redes sociales de distintos medios de comunicación, Armenta reiteró que “El Toñín” es un presunto delincuente con investigaciones tanto estatales como federales, y que podría estar involucrado en diversos homicidios. Por ello, insistió en que la FGR debe intervenir, ya que los presuntos vínculos del señalado pertenecen al ámbito de competencia federal.
“Yo hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la República, porque las vinculaciones con este supuesto delincuente son del orden federal. Yo espero que haya una actuación”, enfatizó el mandatario poblano, al insistir en que no se puede normalizar la participación de presuntos criminales en conflictos locales.
Respecto a las amenazas que Antonio Valente Martínez lanzó contra el titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, Armenta invitó al funcionario a presentar la denuncia correspondiente. Advirtió además que las agresiones no pueden considerarse un hecho menor. “No es aceptable para el gobierno las amenazas y las formas con las que se expresa un delincuente (…) ¿Cómo se va a expresar de esa forma de una autoridad?”, añadió.
Finalmente, Armenta Mier negó que exista algún trato especial hacia “El Toñín”, y descartó que sus señalamientos tengan tintes políticos o partidistas. Sobre la pregunta de una posible relación entre la familia Mier Velazco y los Martínez Fuentes —planteada tras la difusión de un video proyectado por la alcaldesa de Quecholac en plena carretera, previo a la reapertura del tramo bloqueado por habitantes de Palmarito Tochapan— el gobernador evitó emitir comentarios.
