La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con modificaciones, el dictamen de reforma constitucional que aplaza la elección judicial prevista para 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028, además de establecer una nueva fecha para la consulta de revocación de mandato presidencial.
El dictamen fue avalado en lo particular con mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, luego de que el Pleno aceptó diversas reservas relacionadas con la integración del Poder Judicial y la organización de futuros procesos electorales.
Uno de los cambios aprobados modifica el artículo 35 de la Constitución para precisar que la revocación de mandato deberá realizarse el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional presidencial, con el objetivo de evitar que coincida con elecciones federales intermedias o presidenciales.
La reserva fue presentada por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, quien señaló que con esta adecuación “nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o la elección constitucional de la Presidencia de la República”.
Durante la discusión también fue aprobada una modificación impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, para establecer que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que actualmente se encuentran en funciones podrán participar para un nuevo periodo en la elección federal de 2028.
La reforma al artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación busca garantizar condiciones de igualdad para quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, dentro del nuevo modelo constitucional de elección judicial.
Gutiérrez Luna argumentó que el cambio corrige un trato diferenciado e injustificado respecto al resto de las personas juzgadoras sujetas al nuevo esquema, además de reconocer la relevancia institucional de la Sala Superior en la protección de los derechos político-electorales y la regularidad constitucional de las elecciones.
