El productor musical mexicano Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records, fue encontrado culpable de infringir la ley que impide a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus asociados.
Durante el juicio y sentencia dictada por un tribunal en Estados Unidos, se estableció que Del Villar violó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, mejor conocida como Ley Kingpin. A pesar de la gravedad de los cargos, el productor permanece en libertad condicional tras haber pagado una fianza de 100 mil dólares y enfrenta una audiencia de sentencia programada para el 15 de agosto, con una posible pena máxima de 30 años de cárcel.
El caso cobró notoriedad tras el testimonio del reconocido cantante de corridos Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable de conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado. Ortiz, figura destacada del sello discográfico de Del Records, aseguró en su declaración que Del Villar lo convenció de participar en al menos 19 conciertos organizados por el promotor mexicano Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvea, quien también estaba sujeto a sanciones estadounidenses por su vínculo con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación detalló que en abril de 2018 un músico patrocinado por Del Records actuó en un concierto organizado por Pérez, a pesar de encontrarse este último bajo sanciones. Además, se reveló que la tarjeta de crédito de Del Villar se utilizó para financiar el traslado de este artista, a través de un avión privado, desde el aeropuerto de Van Nuys (California) hasta Aguascalientes. En otros cuatro eventos realizados en 2018 y 2019 en diversas localidades de México —Baja California, Guanajuato y Chiapas— se evidenció una reiterada participación del músico en conciertos promovidos por Pérez.
La sentencia contra Ángel Del Villar y su socio, Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, marca un importante precedente en la lucha contra las conexiones entre el mundo del entretenimiento y el narcotráfico, reforzando el compromiso del Departamento de Justicia de Estados Unidos en hacer cumplir la Ley Kingpin.
