En conferencia de prensa, Pablo Santiago Escalante Tattersfield, consejero independiente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), explicó que la Iniciativa de Ley para la Reforma de Cobranza Delegada busca, ante todo, prevenir el sobreendeudamiento y establecer tasas de interés equitativas.
Según Escalante, esta propuesta, fruto del trabajo de la Asociación, pretende fijar un límite a las tasas de interés que imponen los bancos, garantizando que ningún trabajador destine más del 40 % de su salario al pago de deudas y promoviendo una gestión financiera personal más equilibrada.
La reforma de Cobranza Delegada, según explicó, representa un avance hacia un sistema financiero más equilibrado en el que se prioricen los intereses de los trabajadores. Con cifras que indican que cerca del 34 % de los usuarios de créditos de nómina se encuentran en riesgo de sobreendeudamiento y que el 62 % de los trabajadores en México depende de este tipo de financiamiento, la propuesta se perfila como una solución urgente.
El consejero subrayó que este proyecto, del que se deslindó categóricamente el diputado federal por Morena, Pedro Haces, también apunta a optimizar el sistema de crédito de nómina en México, protegiendo a los trabajadores y fomentando la inclusión financiera.
De igual manera, destacó que la AMDEN ha venido trabajando en marcos regulatorios desde 2014, lo que resalta la importancia de conocer el historial normativo para evaluar la iniciativa.
Escalante puntualizó que la actual propuesta se sustenta en años de experiencia de la AMDEN en el sector.
La primera versión de la Ley de Cobranza Delegada se presentó en 2014 como un intento de modernizar la normativa, y con la implementación de la ley en 2018 se incorporaron muchos de los principios discutidos en ese entonces.
“Hemos conversado con las autoridades financieras para asegurarnos de que esta iniciativa beneficie a los trabajadores”, afirmó.
Frente a cuestionamientos sobre la posible vinculación del legislador Pedro Haces con esta iniciativa, Escalante rechazó cualquier implicación, explicando que la propuesta de 2018, presentada conjuntamente por Miguel Ángel Navarro y Pedro Haces, incluía fuertes medidas de protección al salario de trabajadores vinculados a ciertas financieras, mientras que la versión de 2020 –asociada al diputado morenista– fue promovida por otros actores políticos, en particular por el senador Casimiro Méndez.
Según Escalante, ambas iniciativas ofrecen aspectos positivos para los trabajadores, pero son proyectos totalmente distintos.
Asimismo, el consejero aclaró que ninguna de las empresas integradas a AMDEN registra la participación de familiares del legislador en actividades relacionadas con esta materia, ya que la Asociación agrupa a las principales compañías del sector y mantiene un estricto control sobre las posiciones accionaras de sus agremiados.
Finalmente, Escalante enfatizó que ni la Ley de Libranza ni la Ley de Cobranza Delegada han sido impulsadas por el legislador ni guardan vínculo alguno con él, al tiempo que criticó la politización de la ley, calificándola de perjudicial para los trabajadores, quienes son los verdaderos beneficiarios de estas regulaciones.
“Nuestra labor siempre se ha orientado al bienestar de los trabajadores, y esta iniciativa refleja ese compromiso, trabajando desde una perspectiva técnica y financiera libre de interferencias políticas”, concluyó.
