• Recursos que dejarán de destinarse a esta área,  serán para apoyar programas de Bienestar

La presidenta Claudiaú Sheinbaum afirmó que el llamado Plan B de la reforma electoral avanza de manera firme tras haber sido aprobado por al menos 20 congresos estatales, con lo que —dijo— se cumple el requisito constitucional para su validación y próxima publicación oficial. 

La primera mandataria de la nación subrayó que el objetivo central de la reforma es “terminar con los privilegios” del sistema político-electoral y reorientar los recursos públicos hacia el bienestar social, al considerar que el modelo actual resulta costoso y alejado de la ciudadanía.

El Plan B, impulsado por el Ejecutivo federal, contempla seis ejes fundamentales: la no reelección, la prohibición del nepotismo, la reducción de recursos a congresos estatales y al Senado, la disminución del número de regidores, la eliminación de pensiones a altos funcionarios y la reducción de salarios y prestaciones en organismos electorales.

En este sentido, Sheinbaum Pardo sostuvo que la reforma no debilita la democracia, sino que la fortalece al eliminar excesos presupuestales y prácticas que calificó como privilegios, además de garantizar una administración más eficiente del gasto público.

El proyecto fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados con mayoría calificada, en medio de un intenso debate político, y posteriormente enviado a los congresos locales para su ratificación, proceso que se concretó en tiempo récord. 

Los cambios podrían generar ahorros por miles de millones de pesos, principalmente por los recortes a estructuras legislativas y ajustes salariales en organismos electorales. 

No obstante, la reforma ha sido objeto de críticas por parte de partidos de oposición, quienes advierten que podría afectar contrapesos institucionales y reducir capacidades del sistema electoral, en medio de un clima de polarización política rumbo a futuros procesos electorales. 

Pese a ello, Sheinbaum insistió en que la fiscalización electoral no desaparece, sino que se fortalece mediante la coordinación entre autoridades como el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de recursos durante campañas.