* La iniciativa fue presentada por el propio legislador
El pleno del Senado de la República aprobó por mayoría diversas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, entre las que se incluye una iniciativa presentada por el senador Enrique Vargas del Villar para ampliar el reconocimiento de la violencia docente, así como fortalecer su atención y sanción.
El dictamen, previamente aprobado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, integra propuestas de diversos senadores y representa un avance en el fortalecimiento del marco jurídico para prevenir y combatir la violencia de género.
Entre los cambios más relevantes se establece que constituyen violencia docente aquellas conductas que se ejerzan dentro de los centros educativos o que deriven de una relación escolar, ampliando así el reconocimiento de las agresiones que pueden presentarse en el ámbito educativo.
Asimismo, las modificaciones contemplan garantizar el derecho de las víctimas a la protección de sus datos personales, con el propósito de evitar la revictimización, la difusión indebida de información, así como posibles presiones para que abandonen sus estudios o empleos.
La iniciativa impulsada por Enrique Vargas del Villar surgió de la mesa de trabajo “Escuchar para Legislar”, un ejercicio de diálogo y participación ciudadana organizado por el senador para conocer las necesidades y propuestas de las mujeres en distintos ámbitos.
Durante este encuentro se abordaron temas como trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, atención a la violencia de género, desarrollo laboral, programas de salud y atención a la niñez.
En estos trabajos participaron diez coordinadoras municipales y cinco coordinadoras regionales, además de mujeres rurales, emprendedoras, indígenas, comerciantes, abogadas y personas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de familiares.
Con la aprobación de estas reformas, se fortalece el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en los espacios educativos y se avanza hacia mecanismos legales que permitan proteger a las víctimas, garantizar sus derechos y evitar que estas conductas queden impunes.
