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miércoles, noviembre 18, 2026

Armenta respalda investigación sobre presunta “mafia electoral” en el INE

Fecha:

* Pide revisar contratos por 180 mdp

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Puebla manifestó su respaldo absoluto a la investigación federal sobre una presunta red empresarial conocida como “mafia electoral”, que habría concentrado contrataciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos durante 27 años con organismos electorales, y solicitó una revisión integral de los casi 180 millones de pesos contratados en la entidad.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, señaló que los hechos representan un asunto de interés nacional que exige transparencia, investigación y rendición de cuentas. Asimismo, reiteró el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó esclarecer las presuntas irregularidades y fortalecer las condiciones de certeza rumbo a las elecciones de 2027.

Al explicar los antecedentes, García Parra indicó que la información presentada por la secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, identifica al menos seis empresas relacionadas con una misma estructura de proveedores, cuyos integrantes habrían participado en procedimientos de contratación de organismos electorales.

Detalló que los antecedentes de estas operaciones se remontan a 1999; posteriormente, en 2005, se registró un escándalo contractual por 63.7 millones de pesos en el Estado de México. Entre 2015 y 2023, las adjudicaciones habrían superado los 2 mil 94 millones de pesos, mientras que durante 2024 y 2025 alcanzaron poco más de 646 millones.

El funcionario también precisó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral de Sonora en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE), y que su llegada a la presidencia nacional del organismo, en 2023, se realizó mediante el procedimiento de insaculación.

Sobre las acciones federales, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la revisión permitió identificar la trayectoria de este grupo empresarial y sus relaciones con organismos electorales. También confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

García Parra sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los posibles involucrados y esclarecer los mecanismos de contratación, sin anticipar responsabilidades ni vulnerar la autonomía del INE y de los organismos públicos locales electorales.

En el caso de Puebla, informó que se identificaron contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, así como otros por 129.7 millones durante 2024 y 2025. Por ello, el gobierno estatal respalda que las autoridades fiscalizadoras realicen una revisión integral de estas operaciones.

Como parte de las medidas para fortalecer la confianza en los procesos electorales, el Gobierno de México contempla ampliar los mecanismos de supervisión, incorporar la participación académica, revisar los procedimientos de contratación, promover la participación de más proveedores nacionales y fortalecer los Talleres Gráficos para incrementar la producción estatal de materiales electorales.

Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, Alejandro Espidio, destacó que la administración estatal ha reforzado los mecanismos de control mediante la digitalización de los trámites de registro de proveedores, con el propósito de eliminar el contacto directo entre funcionarios y empresas, así como reducir posibles espacios de discrecionalidad y favoritismo.

Explicó que este sistema permite verificar que las compañías interesadas en participar en licitaciones acrediten su capacidad técnica y financiera, además de cumplir con los requisitos legales. A ello se suma el acompañamiento permanente de los órganos internos de control en los procedimientos de contratación, para vigilar su desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Espidio informó que, como resultado de las acciones de transparencia y combate a la corrupción, 315 personas servidoras públicas han sido separadas de la administración estatal por irregularidades.

Finalmente, el Gobierno de Puebla reiteró que colaborará para que la jornada electoral del 6 de junio de 2027 se desarrolle con legalidad, transparencia y respeto a la voluntad popular, al tiempo que refrendó su compromiso de proteger los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas en beneficio de las y los poblanos.

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