La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, planteó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el presunto fraude electoral de 2006, luego de que el expresidente Vicente Fox reconociera su intervención en aquel proceso para favorecer la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República.
Damián Peralta consideró que las declaraciones realizadas por Fox durante una entrevista con un medio digital español constituyen un elemento que debe ser examinado para determinar posibles responsabilidades legales por la intervención del entonces mandatario en la contienda presidencial.
“A confesión de parte, relevo de prueba. Estamos frente a hechos sin precedentes donde un expresidente acepta que usó el poder para generar un fraude e imponer a su candidato”, afirmó.
La exfuncionaria subrayó que resulta especialmente grave que un expresidente admita haber utilizado la estructura del Gobierno federal para influir en el resultado de una elección presidencial y favorecer a un candidato, en este caso Felipe Calderón, a quien calificó como un presidente espurio.
Ante estos señalamientos, propuso explorar las vías legales para esclarecer los hechos y establecer si las acciones reconocidas por Fox constituyen delitos que todavía puedan ser investigados y sancionados.
“Sería muy bueno una Comisión de la Verdad que indague si existen delitos que puedan ser sancionados por lo declarado por Vicente Fox”, sostuvo.
Damián Peralta señaló que este episodio representa una muestra de las prácticas del viejo régimen y de los sectores de derecha que, dijo, concebían el ejercicio del poder público desde una visión empresarial y de intereses particulares.
“Es una muestra del viejo régimen, de la derecha; ahí están los que venden la patria, piensan que la educación y el agua se venden, el petróleo”, expresó.
Finalmente, insistió en que las declaraciones del expresidente no deben pasar inadvertidas, por lo que consideró necesario abrir un proceso de investigación que permita esclarecer lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2006 y determinar si existieron conductas que ameriten consecuencias legales.
