* La petición hecha en julio como ese mes se mostró en redes sociales, alegando “persecución por su ideología conservadora”
La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, solicitaron asilo político al Gobierno de Estados Unidos desde julio de 2022, bajo el argumento de que son víctimas de persecución política en México debido a su supuesta ideología conservadora.
De acuerdo con información publicada este lunes 2 de noviembre por el diario Milenio, la pareja argumentó ante las autoridades migratorias estadounidenses que regresar a territorio mexicano representaría un riesgo para su integridad y libertad, al considerar que son perseguidos por sus posturas políticas.
La solicitud fue presentada el 11 de julio de 2022 ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin embargo, el trámite permanecía sin una resolución cuando Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Florida.
Detenida en un centro migratorio de Florida
Tras su detención, la expresentadora fue trasladada al Broward Transitional Center, instalación migratoria ubicada en el condado de Broward, Florida, donde permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras se define su situación legal.
El reporte periodístico señala que la solicitud de asilo no significó que Gómez Mont y su esposo regularizaran automáticamente su situación migratoria, ni que Estados Unidos les hubiera reconocido la condición de perseguidos políticos.
En el caso de Álvarez Puga, quien fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025, su defensa también recurrió al argumento de persecución política para intentar evitar su entrega a México.
México los reclama por presuntos delitos financieros
En territorio mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones y órdenes de aprehensión relacionadas con la presunta participación de ambos en una estructura de empresas que habría sido utilizada para desviar recursos públicos y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones están relacionadas con contratos de servicios de seguridad penitenciaria durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por un monto aproximado de 2 mil 950 millones de pesos.
Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y posibles irregularidades fiscales. Se trata de imputaciones que deberán acreditarse ante las autoridades judiciales y no de delitos por los que exista una sentencia condenatoria.
Otro elemento que complica el proceso es que Interpol canceló en septiembre de 2026 las fichas rojas de búsqueda internacional de Gómez Mont y Álvarez Puga, aunque esta decisión no anuló las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades mexicanas.
Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la semana pasada esa determinación y anunció que el Gobierno de México buscaría que se explicaran los motivos de la cancelación y que se restablecieran las alertas internacionales.
