* La controversia involucraba la retención de participaciones federales al municipio de Nuevo León y las órdenes para compensar adeudos fiscales con esos recursos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la disputa entre el municipio de Montemorelos, Nuevo León, por el cobro de créditos fiscales mediante la retención y compensación de participaciones federales.
El conflicto llegó al máximo tribunal luego de que el ayuntamiento promoviera una controversia constitucional contra actos del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, del Poder Ejecutivo federal y de autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con los antecedentes del expediente, el municipio impugnó retenciones de participaciones correspondientes al periodo de enero a junio de 2026, así como órdenes para compensar créditos fiscales con esos recursos públicos.
Uno de los documentos centrales del litigio es el oficio 400-44-00-02-03-2026-5095, fechado el 5 de junio de 2026, de relaciona con la compensación de un crédito fiscal contra las participaciones federales de Montemorelos.
El 23 de julio, la Comisión de Receso de la SCJN concedió una suspensión para impedir nuevas retenciones, descuentos o compensaciones sobre las participaciones del municipio, aunque no ordenó devolver las cantidades que ya habían sido retenidas.
La determinación fue impugnada tanto por autoridades federales como por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, que cuestionaron los alcances de la medida cautelar y sus efectos sobre el cobro de los adeudos fiscales.
El asunto llegó al Pleno de la Corte, donde se revisaron los límites de la suspensión y la posibilidad de mantener protegidos los recursos municipales frente a nuevas compensaciones.
El litigio era relevante para las finanzas de Montemorelos, debido a que las participaciones federales constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos municipales y su retención podría haber afectado la disponibilidad de recursos para atender sus obligaciones.
La resolución definitiva de frenar el intento de cobro al gobierno municipal, indicó el nacional tribunal de impartición de justicia del pala, no significa, por sí mismo, cancelar los créditos fiscales reclamados.
