La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente a la administración del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia países distintos a sus lugares de origen, mientras el máximo tribunal analiza la legalidad de esta política migratoria.
La decisión, adoptada este martes por una votación de 6-3, suspende por ahora una resolución de tribunales inferiores que obligaba al Gobierno estadounidense a informar previamente a los migrantes sobre el país al que serían enviados y permitirles plantear posibles riesgos de persecución o tortura antes de su expulsión. (Reuters)
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de permitir la reanudación inmediata de las deportaciones. El Supremo acordó además escuchar en diciembre los argumentos de las partes y posteriormente emitir una resolución definitiva sobre la legalidad del programa. (Reuters)
El Gobierno de Trump había solicitado la intervención de emergencia de la Corte, al sostener que las restricciones impuestas por tribunales inferiores dificultaban su capacidad para realizar expulsiones y afectaban una herramienta que considera necesaria para deportar, entre otros, a migrantes con antecedentes penales.
La controversia se originó a partir de una política implementada en 2025 para enviar a terceros países a personas que cuentan con órdenes de deportación, pero cuyo retorno a su país de origen enfrenta obstáculos. Los tribunales inferiores habían cuestionado el procedimiento por considerar que no garantizaba adecuadamente el debido proceso.
De acuerdo con datos citados por Reuters, más de 25 mil migrantes han sido deportados a 29 países mediante este mecanismo, con la mayoría de los casos dirigidos a México. Entre otros destinos figuran Sudán del Sur, Uganda, Liberia, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana.
La política ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten sobre posibles riesgos de persecución, tortura, detención o desaparición en algunos países de destino. Expertos de Naciones Unidas también han expresado preocupación por los efectos de estas deportaciones.
Uno de los países señalados en el litigio es Guinea Ecuatorial. Documentos del Senado estadounidense han recogido denuncias relacionadas con deportados enviados a ese país y posteriores traslados hacia sus lugares de origen, pese a que algunos contaban con protección judicial en Estados Unidos frente a esos retornos.
Con la decisión de este martes, la administración Trump podrá continuar temporalmente con las deportaciones a terceros países mientras avanza el proceso judicial. El Supremo de Estados Unidos escuchará los argumentos en diciembre, momento en el que deberá analizar de fondo los alcances y la legalidad de esta política.
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