El Senado perfila modificaciones a la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, luego de escuchar durante esta semana las propuestas de organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos, abogadas, abogados y colectivos LGBTQ+, incluidos grupos trans.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, informó que las comisiones involucradas trabajan en la construcción de un nuevo proyecto y estimó que en aproximadamente 15 días podrían contar con un borrador de dictamen, con la expectativa de que éste sea aprobado alrededor del 15 de octubre.
La legisladora explicó que el objetivo no es modificar por completo la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sino realizar ajustes para mejorar su contenido y, particularmente, su técnica legislativa.
“Es muy buena iniciativa, pero hay cosas que estamos mejorando”, señaló Micher, quien adelantó que algunas disposiciones podrían cambiar de ubicación dentro del ordenamiento, mientras que otras podrían incorporarse a protocolos o artículos transitorios.
Uno de los principales puntos bajo revisión es la tentativa de feminicidio, ya que, de acuerdo con Micher, no debe recibir exactamente la misma categoría jurídica que el feminicidio consumado, pero sí debe quedar contemplada expresamente dentro del nuevo marco legal.
“Vale la pena reconsiderar” este tema, sostuvo, al explicar que las organizaciones participantes han planteado modificaciones a distintas categorías contempladas en la iniciativa.
Otro aspecto en análisis es la definición y alcance de las razones de género, elemento fundamental para determinar cuándo una muerte violenta de una mujer puede ser investigada y sancionada como feminicidio.
Micher explicó que actualmente existen diversas circunstancias que permiten acreditar razones de género —como la existencia de señales de violencia, que el cuerpo sea abandonado en un espacio público o que la víctima haya presentado previamente una denuncia—, pero algunas de esas disposiciones aparecen de manera similar en diferentes apartados de la propuesta.
Por ello, las comisiones buscan reagruparlas y ordenar su contenido para evitar duplicidades y mejorar la claridad de la legislación.
La senadora destacó que las audiencias y reuniones continuarán al menos durante los próximos días, debido a que el Senado ha recibido numerosas propuestas de colectivos y especialistas.
Afirmó que se trata de un proceso deliberativo en el que se pretende escuchar todas las voces antes de cerrar el dictamen.
Además, adelantó que buscarán una reunión de trabajo con la Consejería Jurídica, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, junto con los senadores que participan en el proceso, para revisar posibles mejoras al proyecto.
Uno de los temas que ya generó observaciones entre los legisladores es el régimen de penas agravantes contemplado en la iniciativa presidencial.
Micher confirmó que este apartado sí está siendo revisado y puso como ejemplo las diferencias existentes entre las sanciones actualmente previstas en algunas entidades y las planteadas en la propuesta federal.
“Chiapas tiene 90, 100 años y esta propuesta es de 70”, explicó, al señalar que el Senado deberá encontrar un punto de equilibrio entre las distintas legislaciones y la propuesta federal.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género aseguró que este análisis se realiza con la participación de las organizaciones y con el conocimiento del gobierno, con el propósito de alcanzar una propuesta que tenga respaldo amplio.
El calendario legislativo contempla que, una vez terminado el borrador, éste sea discutido con las senadoras y senadores que integran las la comisiones involucradas: Para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, Primera.
Posteriormente, tendría que ser llevado al pleno del Senado y, si es aprobado, enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Micher confió en que el trabajo de las próximas semanas permita llegar a un dictamen consensuado y aprobado a más tardar hacia el 15 de octubre, aunque reconoció que todavía falta concluir la etapa de escucha y revisión de las propuestas.
La senadora insistió en que existe apertura para modificar la iniciativa y que varias de las observaciones recibidas no necesariamente implicarán eliminar contenidos, sino reordenarlos, precisar categorías y trasladar algunas disposiciones a protocolos o artículos transitorios.
