El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, luego de 112 días de licencia, abrió un nuevo frente de confrontación entre Morena y la oposición, que cuestionó que el mandatario haya retomado sus funciones mientras continúan vigentes señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, calificó el retorno como una muestra de impunidad y lanzó una acusación directa contra Morena: “Confirmado, el narco gobierna México”.
La legisladora sostuvo que Rocha Moya vuelve al cargo pese a que su nombre aparece en una acusación estadounidense relacionada con presuntos nexos con integrantes de una organización criminal.
A sus críticas se sumó la senadora priista Claudia Anaya, quien calificó de “total impertinencia” la reincorporación del gobernador y advirtió que la señalización de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros ciudadanos sinaloenses “sigue vigente”.
“Todavía está vigente la señalización por vínculos con delincuencia organizada y la solicitud de detención por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Rocha Moya y otros ciudadanos sinaloenses”, afirmó.
Anaya cuestionó que el mandatario haya decidido regresar a sus funciones mientras, según dijo, en Estados Unidos avanzan acciones relacionadas con el caso.
Consideró que su reincorporación puede interpretarse como un mensaje de que cuenta con protección política y criticó que el gobierno mexicano insista en que no se han presentado pruebas suficientes.
La senadora señaló que, en procedimientos de extradición, los elementos presentados inicialmente no necesariamente constituyen la totalidad de las pruebas que posteriormente se desahogan durante un eventual juicio.
También afirmó que el secretario de Seguridad de Rocha Moya ya habría declarado en Estados Unidos y planteó que podrían estar recabándose testimonios de colaboradores.
“Acá en México, como si nada, él regresa a sus funciones. Y esto me parece que es un ejemplo de la impunidad en la que se vive en nuestro país”, sostuvo.
El señalamiento adquiere una dimensión internacional, advirtió Anaya, al considerar que el caso puede impactar la relación con Estados Unidos en un momento particularmente sensible por la negociación del tratado comercial (T-MEC) entre ambos países.
“Ellos en Estados Unidos no separan, ellos juntan todo”, dijo al advertir que asuntos de seguridad, delincuencia organizada y cooperación bilateral pueden terminar vinculándose con otros temas de la relación México-Estados Unidos.
Rocha Moya, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que carecen de sustento. Al retomar la gubernatura, afirmó que las investigaciones realizadas en México no encontraron elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal y señaló que su intención es concluir el mandato para el que fue electo, que termina en octubre de 2027.
