En uno de los operativos más relevantes contra el robo y procesamiento ilícito de hidrocarburos en lo que va del año, la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló cuatro centros clandestinos presuntamente utilizados para procesar combustibles de origen ilegal en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
El aspecto más relevante de la operación no fue únicamente el aseguramiento de cientos de miles de litros de combustible y equipo especializado, sino la detección y desmantelamiento de instalaciones con capacidad para procesar hidrocarburos, lo que evidencia un mayor nivel de sofisticación de las redes dedicadas al llamado “huachicol”, al pasar de la extracción ilegal al procesamiento y transformación de petrolíferos.
La acción fue encabezada por la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, derivado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información entre las dependencias del Gabinete de Seguridad.
Las investigaciones comenzaron a partir de diversas denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Federal, en las que se alertaba sobre movimientos constantes de autotanques y pipas en distintos inmuebles utilizados presuntamente para actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.
El primer cateo se realizó en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades detectaron una nave industrial a la que ingresaban continuamente autotanques.
Durante la diligencia fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales, 894 contenedores tipo tótem con capacidad de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tubos, equipo diverso, además del inmueble.
También fueron asegurados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una planta de energía, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.
En un segundo operativo, efectuado en la comunidad Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, las autoridades localizaron otro predio presuntamente utilizado para el procesamiento ilegal de hidrocarburos.
En ese sitio aseguraron 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción de hidrocarburos, aproximadamente 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, muestras de ácido sulfúrico, diversas muestras de hidrocarburos y documentación relacionada con las operaciones del lugar.
En Tizayuca, Hidalgo, la FGR ejecutó otro cateo derivado de denuncias sobre una instalación destinada presuntamente al procesamiento de combustibles.
En el inmueble fueron localizados 32 contenedores con capacidad de mil litros, 25 depósitos de cinco mil litros cada uno y 456 mil 300 litros de probable hidrocarburo o productos químicos, además de documentación, equipo electrónico, monitores y computadoras.
Finalmente, en Cuautla, Morelos, una denuncia ciudadana reportó el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas, así como fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas.
Tras la intervención judicial, las autoridades aseguraron el inmueble, diversas muestras obtenidas de los contenedores localizados, documentación y talones de cheques que serán integrados a la carpeta de investigación.
La FGR señaló que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que establece como prioridad el combate a los delitos de alto impacto, entre ellos los relacionados con el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
La dependencia destacó que los aseguramientos reflejan una estrategia sustentada en inteligencia, investigaciones especializadas y coordinación entre instituciones federales para debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las organizaciones criminales involucradas.
Asimismo, informó que las investigaciones continúan para identificar, detener y llevar ante la justicia a todos los responsables de estas operaciones ilícitas, además de proteger la infraestructura energética estratégica del país y fortalecer la seguridad nacional.
